Desmesura

Hay jueces de los que se dice que están dispuestos a que se hunda el mundo con tal de que prevalezca la justicia. Al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) le será muy difícil sobrevivir a la decisión del juez de Primera Instancia número 4 de Madrid, Joaquín Ebile, si no es capaz de eludir el pago al que le condena de una indemnización de casi 1.200 millones de euros al ex propietario del Banco de Valladolid, intervenido en 1978 por el Banco de España por su elevada deuda, su falta de tesorería y la existencia de una caja B, y posteriormente vendido a Barclays.

Esa cuantía, anque no esté cifrada en billones como decía la redacción inicial de la sentencia, sino en millones, supone prácticamente el patrimonio del FGD, por lo que podría darse la paradoja de que la quiebra de una entidad bancaria en 1978, debida a las irregularidades de todo tipo observadas por el Banco de España, provoque 26 años después la del organismo creado para hacer frente a las crisis bancarias y garantizar los derechos de los depositantes. Más que una ironía de la historia, se trataría en este caso de los efectos deformantes de una justicia, no ya lenta, sino en estado catatónico.

Tratándose de una cuantía tan desorbitada, todas las alarmas han saltado de inmediato. Es una resolucion de inverosímil cumplimiento y que ha causado la natural inquietud en el sistema financiero. El FGD ha solicitado al juez que aclare la cifra e incluso sería interesante saber cuáles han sido los cálculos hechos para llegar a ella. Pero es preocupante que se le hiciera notar con anterioridad la magnitud de la cuantía, así como sus posibles efectos sobre el sistema financiero, y se le ofreciera el apoyo de peritos profesionales y, sin embargo, no hiciera ningún caso.

Urge, por tanto, una investigación a fondo, ya anunciada por el Consejo del Poder Judicial, sobre la actuacion del juez Ebile. Y más tratándose de alguien con antecedentes disciplinarios, sancionado al menos en una ocasión por atrasos injustificados en su juzgado. En éste como en otros casos de decisiones judiciales disparatadas o incomprensibles, los ciudadanos tienen derecho no sólo a conocer los motivos, sino los rasgos de personalidad de quienes las toman. El sistema judicial español sigue nombrando jueces sobre cuyas cualidades y defectos personales nada se sabe. El acceso a la judicatura se produce al margen de pruebas psicológicas imprescindibles para mostrar la idoneidad caracteriológica exigible al desempeño de la función judicial. Tampoco los nuevos jueces tienen una formación mínima en materias cada vez más relacionadas con su función.