La UE investiga si el plan de salvación de Alitalia incluye ayudas públicas

La Comisión Europea ha decidido abrir una investigación en profundidad sobre el plan de salvamento de la compañía aérea Alitalia después de que Roma presentara a Bruselas un plan de capitalización de 1.200 millones de euros para la división de vuelo de la compañía, una de la dos en que ha sido dividida la sociedad. También se investigará la absorción de la otra, dedicada a servicios de tierra, por el holding estatal Fintecna a cambio de 220 millones. En ambos casos se trata de comprobar que no hay ayudas de Estado ocultas en la operación, como denunciaron recientemente ante la UE Iberia y otras siete aerolíneas. La competencia de Alitalia tendrá también ocasión de pronunciarse sobre el plan.

Alitalia lleva años luchando por su supervivencia y ya en 1996- 1997 recibió socorro público por lo que, según las reglas de la UE, no puede recibir más ayudas públicas. Si las recibiera, serían ilegales y deberían ser devueltas. Los números rojos van a ser en 2004 superiores a los 519,7 millones perdidos el año pasado, según la compañía debido a los 289 millones de gastos de reestructuración. Ahora, la aerolínea funciona con ayuda de un crédito puente de 400 millones aprobado el pasado verano y necesita urgentemente una ampliación de capital.

La semana pasada, Jacques Barrot, comisario de Transportes, se comprometió ante el Gobierno italiano y la propia Alitalia a actuar con la máxima celeridad posible en el caso (en condiciones normales una decisión puede tardar hasta 18 meses en llegar) con ánimo de no dañar las posibilidades de supervivencia de la sociedad. También les hizo saber que todo el plan debería ajustarse a derecho.

Es lo que ayer confirmó la Comisión, al decidir en su reunión de los miércoles que se analice con detalle el programa de acción presentado. "El plan industrial es serio", comunicó luego Barrot. "Pero hay que estudiar algunos aspectos para comprobar que no hay ayudas de Estado. Quiero que el análisis se haga rápidamente".

El Gobierno italiano tiene una participación del 62% en Alitalia y ya el año pasado se comprometió ante la Comisión a convertirse en socio minoritario antes de un año. Era una de las condiciones impuesta para la aprobación del crédito puente y es uno de los aspectos que vigilará la Comisión.

La estrategia de supervivencia de la sociedad pasa por miles de despidos entre los 22.000 trabajadores de plantilla y la división del grupo en dos sociedades que recibirán sendas inyecciones monetarias: AZ Fly, encargada de los vuelos y AZ Services, que se ocupará de los servicios en tierra. La Comisión quiere certificar que los respectivos aportes de capital se realizan conforme al principio del inversor prudente en una economía de mercado.

Participación privada

Con respecto a los 1.200 millones de recapitalización de AZ Fly, Bruselas busca garantías de implicación privada, semejante a la que dieron los bancos en la ampliación de capital de 2002. También pretende que el Estado reduzca su participación antes de la ampliación. El control de AZ Services por el holding estatal Fintecna deberá realizarse como lo haría un inversor privado.

El plan de salvamento que Bruselas va a escrutar fue adelantado por Alitalia el pasado mes de octubre y suscitó protestas entre las principales compañías aéreas europeas, que veían tras él la mano del Gobierno de Silvio Berlusconi. Las aerolíneas, algunas de la cuales también se quejaron de determinadas prácticas comerciales de Alitalia, se dirigieron entonces a la Comisión, que ahora les ha ofrecido la posibilidad de comentar sobre el proyecto.

En total, ocho aerolíneas comunicaron su descontento a Bruselas, pues entendían que Alitalia recibía una inyección de 800 millones de euros en ayudas públicas dentro de su plan de saneamiento. Los consejeros delegados de Iberia, Lufthansa, British Airways, Austrian Tilines, Finnair, Scandinavian Airlines, Hapag Lloyd Flug y TAP suscribieron la carta enviada al director general de Energía y Transportes de la Comisión Europea, François Lamoureux.

Estas compañías recelaban del plan de escindir en dos Alitalia, de forma que la deuda de 1.600 millones quedara sólo atribuida a la división de tierra, en la que posteriormente entraría el holding público italiano Fintecna, con la consiguiente inyección de capital.