Oposición y lealtad

Tras la aprobación hace veinte días del plan Ibarretxe, la carta del portavoz del brazo político de ETA al presidente del Gobierno y el comunicado de la banda terrorista santificando las propuestas lanzadas en el mismo sentido por Otegi en Anoeta el 14 de noviembre hacían aún más indispensable la concertación de los dos grandes partidos que vienen gobernado desde hace más de veinte años las instituciones del Estado. Si fuese cierto -es pronto para afirmarlo o descartarlo- que algo empieza a moverse en el nacionalismo radical hacia rumbos por ahora desconocidos, la alianza entre la prudencia pesimista de la experiencia y la audacia optimista de la imaginación a fin de explorar esa ventana de oportunidad exigiría el respaldo de PSOE y PP.

El encuentro del pasado viernes del presidente Zapatero con Rajoy restableció cuando menos las vías de comunicación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición (148 escaños sobre 350 en el Congreso y 126 sobre 259 en el Senado), seriamente deterioradas por sus contrapuestas interpretaciones del atentado terrorista del 11-M. Pero el entendimiento de socialistas y populares sobre el conflicto vasco no será fácil, como mostraron las diferencias surgidas inicialmente a propósito de las medidas a tomar. Los populares exigieron entonces la activación del artículo 161.2 de la norma fundamental para impugnar ante el Tribunal Constitucional -con efectos suspensivos durante cinco meses- la aprobación por el Parlamento vasco de la Propuesta de Reforma del Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi (PEPCE). Esa demanda, sin embargo, estaba abocada al fracaso: el intérprete supremo de la Constitución rechazó el 20 de abril de 2004 el recurso interpuesto por el Gobierno de Aznar con el mismo propósito mediante el argumento de que la propuesta en curso era una iniciativa legislativa -amparada por el artículo 87 de la norma fundamental- que sólo causaría efectos jurídicos ad extra una vez finalizado su iter parlamentario en las Cortes Generales. El PP pidió igualmente que el Congreso rechazase la PEPCE sin aguardar al Pleno; también en este caso, empero, algunas interpretaciones limitan a aspectos puramente formales las facultades de la Mesa para examinar el texto y la documentación remitida a fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y estatutarios establecidos.

La acertada decisión de adelantar lo más posible -a comienzos de febrero- la celebración del Pleno del Congreso da satisfacción parcial al PP. La contradictoria cláusula británica sobre la leal oposición de Su Majestad resulta brillante en términos retóricos pero de difícil aplicación en el terreno operativo. La oposición no sólo critica y controla al Gobierno sino que también intenta derribarle del poder: el sistema parlamentario gira sobre la relación dialéctica entre un partido gobernante que teme perder las próximas elecciones y una oposición que aspira a ganarlas desgastando a su adversario. El PP se mueve entre la lealtad institucional a los valores compartidos con el Gobierno y el interés partidista de vencerle en las urnas.

La división del trabajo es clara: el artículo 97 de la Constitución establece que "el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado". Durante la anterior legislatura Aznar fue el conductor y Zapatero el copiloto de las estrategias compartidas sobre el conflicto vasco, desde la lucha antiterrorista hasta las elecciones autonómicas de 2001; la inversión ahora de esas funciones está reglada constitucionalmente. Existen, sin embargo, otros problemas. De un lado, ERC e IU -socios coyunturales de un Gobierno con mayoría relativa- amenazan con eventuales represalias si continúa la aproximación entre socialistas y populares para la aprobación -"imprescindible"- de las reformas constitucionales y la negociación -"absolutamente conveniente", subraya la portavoz del Gobierno- de las reformas estatutarias. De otro lado, PSOE y PP preparan diferentes estrategias para los comicios vascos: mientras los populares abogan por el bloque constitucionalista derrotado hace cuatro años, los socialistas prefieren plantear de forma independiente la campaña, pactando las discrepancias y condicionando las alianzas de gobierno al veredicto de las urnas.