Turquía dice que entregó cuerpos del Yak-42 sin identificar "ante la insistencia" de Defensa

Las autoridades turcas advirtieron a los dos generales enviados por el Ministerio de Defensa para repatriar a los militares muertos en el accidente del Yak-42, el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), de la necesidad de realizar pruebas de ADN, "que llevarían tiempo", para identificar 30 cadáveres; pero se los acabaron entregando, sin identificar y sin hacer dichas pruebas, "ante su insistencia". Así consta en un informe del Ministerio de Justicia turco de 26 de marzo de 2004. La Audiencia Nacional ha confirmado ahora que esos 30 cadáveres fueron mal identificados.

El informe del Ministerio de Justicia turco explica que en la identificación de las víctimas del accidente del Yak-42 participaron "seis expertos de los institutos anatómicos forenses de Estambul y Trabzon", bajo la dirección del presidente del Colegio de Médicos Forenses de Estambul. Además, agrega, colaboraron los generales José Antonio Beltrán y Vicente Navarro, a quienes califica de "militares pertenecientes a la delegación técnica española".

Frente a lo sostenido en su día por el Ministerio de Defensa español, que aseguró que el estado de los cuerpos era aceptable y permitía una fácil identificación, las autoridades turcas subrayan "las dificultades para identificar los cadáveres por estar éstos destrozados, por la concurrencia de dos nacionalidades [españoles los pasajeros y ucranios los tripulantes] y por la forma en que se produjo el siniestro".

En primer lugar, señala, "se llevó a cabo la inspección externa y la identificación de la nacionalidad de los cadáveres a través de los nombres en los trajes que no se habían quemado, efectos personales, graduación, chapas de identificación, pasaportes, documentos de identificación militar, anillos, cadenas y efectos religiosos".

Entrega del acta

"De esta forma", prosigue la nota del Ministerio de Justicia turco, "se determinó que 62 de los cadáveres correspondían a los militares españoles de la fuerza de paz. De éstos, 32 cadáveres se pudieron identificar claramente. [Pero] No se encontraron pruebas suficientes para identificar los otros 30 cadáveres y se informó a las autoridades españolas de que para la identificación de éstos sería necesario realizar pruebas de ADN que llevarían tiempo".

Los forenses turcos, agrega, "tomaron muestras de órganos y tejidos" útiles para la realización de dichas pruebas y las introdujeron "en frascos, una por una y numeradas según la numeración de los cadáveres".

Una vez concluyó el trabajo, agrega la nota, "los cadáveres que estaban aún sin identificar por estar quemados, destrozados, etc. se entregaron a la delegación española, sin haberse realizado pruebas de ADN".

¿Por qué se actuó así? La nota del Ministerio de Justicia turco justifica esta actuación "ante la insistencia [de los generales españoles] y habiendo dado éstos su compromiso de palabra y por escrito en los siguientes términos: 'Se ha determinado la nacionalidad de los cadáveres correspondientes a las sacas... aunque no han sido personalmente identificados (son nuestros soldados). Se solicita su entrega. Se garantiza que se realizarán todos los trámites para su entrega a los familiares. La entrega de los cadáveres de esta forma se realizará bajo nuestra responsabilidad".

Es decir: las autoridades turcas sostienen que los generales españoles fueron advertidos de la necesidad de realizar pruebas de ADN "que llevarían su tiempo" para identificar a 30 cadáveres, pero se los entregaron "ante su insistencia" y después de que éstos asumieran por escrito toda la responsabilidad.

La nota del Ministerio de Justicia turco contradice la versión que el Ministerio de Defensa español, dirigido por Federico Trillo-Figueroa, facilitó repetidamente a las familias y al Parlamento: que no se habían realizado pruebas de ADN porque no eran necesarias. Un equipo de la Guardia Civil que se preparó para desplazarse a Turquía con muestras genéticas de los parientes de las víctimas fue desactivado con el argumento de que todos los cuerpos estaban ya identificados.

El Ministerio de Justicia turco remitió esta nota al Ministerio de Defensa español el pasado 26 de marzo, cuando todavía gobernaba el PP. La nota, tramitada a través de la embajada de España en Ankara, era respuesta a la demanda de información que el entonces secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, formuló tras la publicación en los diarios EL PAÍS y El Heraldo de Aragón de un acta de la fiscalía turca que evidenciaba que 30 cadáveres estaban sin identificar poco antes de su repatriación. Jiménez-Ugarte preguntó por la "legalidad de la entrega" de dicha acta "incluida en el sumario secreto sobre la investigación del accidente" a la abogada Belkis Baysal, representante en Turquía de las familias de las víctimas españolas.

La respuesta de las autoridades turcas, frente a la pretensión del Ministerio de Defensa español para anular la validez del acta, con base en la supuesta ilegalidad de la entrega, fue contundente.

"No existía ningún impedimento para que se facilitase copia de las actas a los familiares de los fallecidos, ya que ninguno de estos documentos está sujeto al secreto del sumario", le contestó el Ministerio de Justicia turco.