La reforma de EE UU logra que el 78% de los centros pase el nivel mínimo de calidad

La reforma educativa implantada en Estados Unidos en 2002, que mide el progreso escolar y la capacitación docente y penaliza a los colegios que no dan la talla, ha empezado a dar resultados. El rendimiento de los alumnos ha mejorado en la mayoría de los Estados y se ha reducido el número de colegios "deficientes", segun el informe anual, report card, sobre el sistema público de enseñanza.

El 78% de los 92.012 colegios públicos de EE UU ha superado el nivel exigido por la ley de reforma, No Child Left Behind, NCLB (Que Ningún Niño se Quede Atrás, en español), un aumento de un 13% con respecto al año anterior. Las autoridades docentes valoran el avance como un "paso significativo" y al mismo tiempo subrayan que el principal logro ha sido el cambio que ha producido en la cultura académica, encasillada durante décadas en los llamados "ascensos sociales", que elevaban a los niños de curso sin tener en cuenta su rendimiento real y sin exigir responsabilidades a los educadores.

El Ejecutivo destina anualmente 24.427 millones de euros para primaria y secundaria

California estudia una demanda porque no recibe apoyo para el alumnado inmigrante

No Child Left Behind surgió con el propósito de desterrar ese sistema, que había situado a los escolares de 7 a 12 años de EE UU a la cola de los países industrializados. De momento tienen que rendir cuentas todos los años, a través de exámenes de matemáticas y lectura. A los que suspendan durante dos cursos seguidos se les da la opción de solicitar un tutor privado -que está obligado a pagar el propio centro escolar- o de trasladarse a un colegio mejor. A los colegios se les mide su eficacia por el número de suspensos que cosechan sus alumnos.

Pero la responsabilidad de los fracasos escolares recae ante todo sobre los maestros. Además de medirles por los resultados de sus alumnos, tienen que someterse a unas pruebas de capacitación, distintas en cada Estado aunque dentro de unos parámetros nacionales. Los requisitos de capacitación examinan la capacidad pedagógica y los conocimientos de los maestros; el problema es que los cursos de preparación de las pruebas no los provee el Gobierno, son los profesores los responsables de su formación. Esto ha generado descontento. "Está muy bien medir , siempre y cuando se brinde el apoyo a nivel federal", afirma Jaime Zapata, portavoz de la Federación Americana de Maestros, un sindicato que representa a 1,3 millones de docentes. El plazo para que los maestros superen estas pruebas se cumple a fines de 2005 y quienes no las pasen estarán sujetos a disciplina laboral, incluido el despido, en última instancia.

Los colegios que para entonces sigan rezagados se arriesgan a perder la financiación del Gobierno federal y a tener que renovar la plantilla docente y los planes académicos. Al menos 10.251 centros públicos que llevan dos años suspendiendo podrían verse en esa situación.

El Gobierno federal destina anualmente 32.000 millones de dólares (24.427 millones de euros) a la enseñanza pública primaria y secundaria (8.000 millones más que en 2000), pero son los Estados los que aportan la mayoría del presupuesto, dado que la educación es una competencia suya. La autonomía para establecer planes académicos ha dado origen a enormes diferencias entre los alumnos de distintos Estados, que la ley NCLB pretende nivelar.

Por primera vez en casi cuatro décadas, Washington ha asumido un mayor papel en la educación condicionando la concesión de fondos a las evaluaciones. Ha sido un reenfoque radical, de una enseñanza que se orientaba a impartir materias sin más, a una en la que lo único que cuenta son los resultados. Impone además una meta concreta: que en 2014 los cerca de 48 millones de niños que van a centros públicos logren un nivel de excelencia (proficiency).

Para alcanzar esa meta hay que reducir la brecha entre los alumnos negros, hispanos y blancos. Un análisis de la organización independiente Education Trust, que aboga por los estudiantes pobres, muestra que ha habido un avance notable en esa dirección, señala su director, Ross Weiner.

La reforma impulsada por George W. Bush y aprobada con apoyo bipartidista en el Congreso ha encontrado resistencia de un sector del establishment académico. Algunos educadores la consideran injusta y rígida porque creen que ignora realidades de la enseñanza y porque se oponen al concepto del castigo. En palabras del presidente de la Asociación Nacional de Educación (que representa a 2,8 millones de maestros), Reg Weaver, "los colegios deben rendir cuentas, pero no ser castigados".

Una de las realidades es el tiempo que toma la enseñanza del inglés a niños inmigrantes para que puedan alcanzar al resto de los alumnos. California es uno de los Estados con más inmigración y al menos uno de sus distritos escolares, el de Palm Springs, está sopesando demandar al Gobierno federal. Un 80% de sus estudiantes es extranjero, la mayoría hispanos, de los cuales una cuarta parte no habla nada de inglés, un problema para el que no cuentan con apoyo especial en las aulas, aunque sus colegios deben pasar después las mismas evaluaciones impuestas por el Gobierno que el resto de los centros; y no consiguen superarlas, afirma el superintendente de educación, Jack O'Connell.

California y otros 15 Estados quieren volver al antiguo sistema de ascensos sociales [la promoción automática del alumno], pero las probabilidades de que eso ocurra son mínimas porque en la mayoría de los Estados el balance de la reforma es positivo. Dos ejemplos son Delaware, donde el fracaso escolar ha descendido del 56% al 26%, y Pensilvania, donde ha bajado del 37% al 19%.