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La pérdida de Euskadi

Antonio Elorza

Uno de los aspectos más preocupantes en el desarrollo de la crisis vasca es sin duda el enfrentamiento entre los dos grandes partidos estatales. Ambos se declaran dispuestos a rechazar el proyecto de Estatuto aprobado en Vitoria, pero a continuación se entregan con entusiasmo a la mutua descalificación. En la otra acera, sin embargo, impera la concordia, no sólo entre los miembros del tripartito PNV-EA-EB, sino incluso entre ellos y el brazo político de ETA. Hasta Llamazares, desde su lamentable confusión mental, contribuye a esa unión sagrada contra quienes defienden la democracia en España y en Euskadi.

La entrevista entre Zapatero e Ibarretxe aclaró las respectivas posturas, pero lo asombroso es que el presidente del Gobierno no se enterara antes de que el lehendakari iba en línea recta, como el baturro del cuento, camino de la ratificación plebiscitaria de una soberanía que debe conducir a medio plazo a la independencia vasca en clave abertzale. Nada razonable cabía esperar de un individuo que había aceptado ser presidente vasco con los votos del crimen, y con Josu Ternera como responsable de los derechos humanos en el Parlamento vasco, que se comportó como lo hizo tras la muerte del socialista Fernando Buesa, y que pone en el mismo plano a las víctimas del terrorismo y a quienes están en prisión lejana por su condición de asesinos. Es claro que Ibarretxe vio y ve en ETA al aliado inconfesable, y en la democracia española el enemigo a batir.

Era menester convertirse en ciego voluntario, que diría el viejo profesor, para no verlo. Si a esto añadimos el mesianismo que permite a Ibarretxe actuar como paladín de la soberanía vasca milenaria, y en consecuencia, elaborar una carta otorgada que coloca a la sombra de una falsa autodeterminación, tenemos todos los datos para entender lo que ahora ocurre. Ahí están desde septiembre de 2002. Claro que muchos hicieron verdaderos esfuerzos, y aún siguen haciéndolos, para ignorarlo. Zapatero haría bien en conceder la jubilación prematura a quienes han venido asesorándole sobre el tema, tanto en su entorno como en los medios de comunicación.

Además, si en las presentaciones oficiales el lenguaje resulta edulcorado, con las apelaciones a una "amable convivencia" y el enmascaramiento de lo que es una auténtica Constitución vasca como "reforma del Estatuto", el texto del proyecto despeja cualquier duda. De reforma, nada: "El modelo y régimen de relación política entre la Comunidad de Euskadi y el Estado español regulado en el presente Estatuto político sucederá y sustituirá a su entrada en vigor" al precedente de Gernika (disposición final primera).

Resulta de nuevo asombroso que a la vista de estos textos, en el auto por el cual desestimaba el recurso del PP, el Tribunal Constitucional fuera incapaz de leer lo que escrito estaba y aceptase una y otra vez que se encontraba ante un proyecto de reforma del Estatuto. Mala cosa es que los miembros de nuestro más alto tribunal crean sinónimos "sustitución" y "reforma", y acaben dando el visto bueno, al modo del avestruz, a un texto que a su juicio no lesionaba el ámbito competencial del Estado. Al parecer, nada les decían la declaración soberanista, al afirmar el derecho de autodeterminación, la asunción de todas las competencias propias de un Estado, con mínimas limitaciones, y el fundamento dado a la futura independencia. Ni se asomaron al artículo 45. Es un síntoma más de la ceremonia de la confusión en las alturas que ha permitido hasta ahora que el plan Ibarretxe siga avanzando.

La lección de cara al presente no ofrece dudas. En apariencia, ¿para qué recurrir al Constitucional si éste es incapaz de apreciar la amenaza que sin tapujos representaba una auténtica Constitución vasca como la elaborada por Ibarretxe? Y, sin embargo, la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, impugnando una resolución lesiva para la Constitución como la del Gobierno vasco, constituía una exigencia ineludible. Un proyecto sedicioso, anticonstitucional por su origen y su contenido, no debe ser convalidado mediante un voto parlamentario, aun cuando éste acabe siendo negativo. El debate en las Cortes sólo servirá para confirmar al lehendakari en su argumento central: Euskadi tiene que alejarse para siempre de la dependencia de España.

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