Italia estrena la ley antitabaco con la oposición frontal de los comerciantes

Los italianos sólo pueden fumar desde ayer en casa, en la calle o en alguno de los poquísimos establecimientos públicos con los medios necesarios para ofrecer un salón de fumadores. La ley que restringía el uso del cigarrillo, conocida como "ley salvapulmones", entró en vigor a las cero horas del lunes entre la resignación de la mayoría de los fumadores y el descontento de muchos comerciantes, que temían perder público. Una asociación llamada Yo Fumo inició una campaña para recoger fondos y firmas para la convocatoria de un referéndum sobre la ley, pero la impresión generalizada era la de que no había ya marcha atrás. El ministro de Defensa anunció que seguirá fumando en los consejos de ministros.

Los comerciantes agrupados en las asociaciones Confcommercio exigieron hasta el último momento una moratoria en la aplicación de la ley, para disponer de más tiempo para prepararse, pero el aplazamiento sólo fue concedido en la provincia autónoma de Bolzano (Tirol del Sur). Los comerciantes seguían hablando ayer de un posible recurso ante los tribunales.

El ministro de Sanidad, Girolamo Sirchia, redactor de la ley y apasionado promotor de campañas contra el tabaquismo, les acusó de pertenecer al lobby de las compañías tabacaleras. "Dicen hablar en nombre de sus clientes, pero no dicen que Confcommercio posee el 4% de la empresa que se quedó con el monopolio italiano del tabaco tras la privatización y temen que su inversión, de 2.000 millones de euros, resulte ahora poco rentable", declaró el ministro. Sirchia, que ya era detestado por los fumadores desde que el año pasado prohibió el cigarrillo en los trenes, reconoció que, al menos de momento, era detestado por bastantes de los 15 millones de italianos más o menos adictos a la nicotina.

"Un talibán enloquecido"

"Parece que esta ley haya nacido de un interés personal mío", dijo al diario La Repubblica, "hay quien me considera un frenético talibán enloquecido, mientras finge ignorar que la ley ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, el Parlamento y la Conferencia Estado-Regiones, en cumplimiento de las convenciones a favor del aire limpio de la ONU y de la Unión Europea, firmadas por Italia".

Entre los pocos que decidieron ignorar la ley y lo anunciaron públicamente figuraba el ministro de Defensa, Antonio Martino, quien aseguró que seguiría encendiendo sus pitillos negros durante las reuniones del gabinete. El vicepresidente Gianfranco Fini prometió, en cambio, que se abstendría.

En la Cámara de Diputados desaparecieron ayer mismo todos los ceniceros y se anunció a los honorables fumadores que en adelante deberían salir al patio o a la calle para dar unas caladas. El propio vicepresidente de la cámara, Alfredo Biondi, no fumador desde siempre, dijo sentirse "tentado de encender un cigarrillo para protestar contra el prohibicionismo y el respeto de las libertades privadas". En el Senado, donde la resistencia tabaquista parecía especialmente sólida, seguían presentes ceniceros y colillas tras la entrada en vigor de la ley, aunque habían sido habilitadas dos salas de fumadores cercanas al hemiciclo.

En general, la prohibición fue respetada el primer día. Tras las múltiples ceremonias jocosas desarrolladas el domingo a medianoche (entierros de la colilla, sesiones especiales de la película mexicana Nicotina gratis para fumadores y protestas simbólicas de todo tipo), la gente se mostró disciplinada. Un joven de Nápoles alcanzó una efímera notoriedad por ser el primer multado, con 27,5 euros, a las 00.01 del lunes. Fue una multa excepcional, impuesta más bien con fines publicitarios, ya que el Ministerio de Sanidad como los portavoces policiales indicaron que durante dos o tres meses se limitarían a "aconsejar" el cumplimiento de la ley y a "asesorar" sobre posibles dudas, dejando las medidas represivas para la primavera.

Más radicales se mostraron asociaciones de consumidores como Codacons y Assoutenti, que anunciaron la formación de patrullas de ciudadanos-vigilantes para comprobar el cumplimiento de la ley. Assoutenti aseguró a sus afiliados, con argumentos legales dudosos, que no tendrían que pagar su consumición en los establecimientos donde alguien se permitiera encender un cigarrillo.