Una legislación incipiente y poco uniforme
En España no existe una ley de rango estatal en materia de videojuegos. Las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que existe una diversidad de reglamentos que, según denuncian las organizaciones de consumidores y reconoce la industria, no se cumplen. Amnistía Internacional (AI) ha denunciado en su último informe sobre videojuegos (Con la violencia contra las mujeres no se juega) que en Baleares y el País Vasco no existe ninguna norma al respecto.
Nueve comunidades autónomas se han dotado con una legislación en la que explícitamente se prohíbe la venta o alquiler a menores de videojuegos con mensajes directa o indirectamente contrarios a los derechos y libertades reconocidos en la Constitución. Se trata de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja y Madrid. En general, incumplir este tipo de legislación supone una infracción administrativa castigada con penas de multa, aunque en casos como el de Madrid (donde la norma data de 1995) ésta no se aplica porque todavía no existe un reglamento de desarrollo de la misma.
En Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana la legislación es, según AI, ambigua. En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la ley habla de que la Generalitat "promoverá videojuegos que tengan un cariz contrario a la violencia". En el caso de Cantabria se afirma: "Los juegos y juguetes deben adaptarse a sus necesidades [de los menores] y ayudar al desarrollo psicomotor de cada etapa evolutiva".
Respecto a la UE, la Comisión Europea propuso en 2004 al Parlamento y al Consejo la elaboración de una recomendación para que los Estados y la industria desarrollen medidas "que eviten los contenidos que puedan ser perjudiciales". Esta iniciativa llega tras un informe de la Comisión, de 2003, sobre la competitividad de la industria de servicios audiovisuales y de información.
