La Unión Europea plantea reservas al plan español de asignación de emisiones

Sí, pero con condiciones. La Comisión Europea aprobó a finales de diciembre el plan español de asignación de derechos de emisión de dióxido de carbono, pero ayer advirtió de que una importante reserva impide darle el visto bueno definitivo. "Las autoridades españolas no han incluido las instalaciones productoras de energía no conectadas a la red eléctrica", señala Bruselas. En el departamento de Cristina Narbona aseguran que el Gobierno aprobará el día 14 el plan modificado; un instrumento esencial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El plan español de asignación de derechos de emisión de CO2 incorpora a este complejo pero ingenioso mecanismo a casi un millar de instalaciones industriales entre las que el Gobierno repartirá derechos de emisión equivalentes a 523,7 toneladas de dióxido de carbono. De forma simplista, el plan consiste en repartir menos derechos de lo que actualmente se emite para que las empresas se vean obligadas a reducir su contaminación o, en caso contrario, a comprar derechos a otras.

De los 21 países de la UE que ya han presentado en Bruselas sus planes, sólo el Reino Unido (1.078) y Alemania (2.419) superan a España en número de instalaciones involucradas. Sin embargo, la Comisión Europea considera que no son suficientes porque no se han incorporado a las productoras de energía no conectadas a la red eléctrica. Mientras España no modifique su esquema como le exige Bruselas, éste no podrá ver la luz verde definitiva.

Casos problemáticos

En la misma situación se hallan otros cinco países de la UE y todo parece indicar que los grandes del club son los que sufren mayores problemas, pues también se han aprobado con condiciones los planes de Francia, Alemania y Reino Unido, aparte de Austria y Finlandia.

El caso del Reino Unido es uno de los más espinosos. Primero porque una de las reservas impuestas por Bruselas es la de no incluir las instalaciones de Gibraltar. Segundo porque el Gobierno de Tony Blair ha amenazado a la Comisión con una denuncia judicial si no aprueba su plan ya revisado tras oír las alegaciones de Bruselas.

España ha debido confeccionar su plan de comercio de emisiones en tiempo récord, dado que el Ejecutivo de José María Aznar, según denunció posteriormente el departamento de Medio Ambiente de Cristina Narbona, no había iniciado siquiera la confección del mismo.

En principio, todos los planes nacionales de emisiones debían estar presentados en Bruselas antes del 31 de marzo pasado. España, sin embargo, no ha sido la última en presentar el suyo. Todavía quedan por aprobar los de Italia, Polonia, Grecia y República Checa y ello a pesar de que este sistema para 2005-2007 debía haber estado ya en marcha en la Unión Europea desde el 1 de enero pasado.

La portavoz de Narbona aseguró ayer que el plan español ya se está modificando para tener en cuenta no sólo la reserva de Bruselas, sino todas las alegaciones recibidas y que éste quedará aprobado en Consejo de Ministros el próximo día 14 de enero. En el caso de que se asuma lo exigido por Bruselas, Madrid no tendría que enviar su nuevo plan; podría empezar a aplicarlo directamente.

Bruselas ha exigido también a Francia que reduzca el número total de derechos en 4,5 millones y que incorpore 750 instalaciones más de las previstas por París. Alemania, en cambio, pretende ajustar su esquema a posteriori o sobre la marcha durante el periodo de aplicación, lo que, según Bruselas, es inaceptable porque desvirtúa todo el mecanismo.

Sistema de derechos

Este sistema de derechos de emisión fue ideado para aplicar el Protocolo de Kioto aprobado en 1997 y sólo ratificado el año pasado, cuando Rusia se sumó a los compromisos adquiridos entonces de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (el CO2

es el más importante de ellos).

En la Unión Europea, este sistema sólamente afecta a la mitad de las emisiones. Las instalaciones que deben incorporarse son las de combustión, refinerías de petróleo, coquerías, plantas metalúrgicas, acerías, fábricas de cemento, vidrio, cal, ladrillos, cerámica, pasta y papel.

El sistema costará dinero a las empresas implicadas, pero, además, los Gobiernos deben hacer esfuerzos para reducir las emisiones de los otros grandes contaminantes: el transporte (21% de las emisiones totales), los hogares y pequeñas empresas (17%) y la agricultura (10%).

La UE es pionera en la aplicación del mecanismo del comercio de emisiones. De hecho, el cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kioto están previstos para 2008-2012, pero la UE ha estimado idóneo liderar la lucha contra el cambio climático e iniciar ya un primer ensayo de este mecanismo que va a suponer un coste importante para la industria, razón por la cual EE UU se ha negado a ratificar dicho protocolo.