Agricultura avanzará a los regantes el pago de un primer tramo del canal Segarra-Garrigues

La Generalitat "asumirá el pago" de las aportaciones que deben realizar los regantes del canal Segarra-Garrigues en los primeros 12 kilómetros de esta infraestructura de regadío, según el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Antoni Siurana. "Ya recuperaremos el dinero más adelante", añade. Su departamento calcula en unos 6,2 millones esta primera aportación, que se realizará a través del Instituto de Crédito Agrario (ICA). Siurana se declara determinado a "desencallar" la construcción del canal y asegura que dentro de 12 meses podrán regarse las primeras hectáreas.

Los primeros 12 kilómetros de obras, cuyo coste avalará la Generalitat, corresponden al área del pantano de Rialp. Agricultura pretende dar un empujón al encallado despegue de una infraestructura que puede cambiar el desarrollo socioeconómico de las comarcas de Lleida y que tiene como uno de los escollos para su arranque la reticencia de los regantes a pagar por adelantado la parte que les corresponde desembolsar para hacer realidad el proyecto.

Tras considerar la posibilidad de ofrecer un aval para toda la obra -y por tanto de asumir 220 de los 440 millones de euros de coste, que se reparte entre Estado y regantes en el canal principal del proyecto-, Siurana desestimó la idea porque es demasiado costosa. "Lo importante es empezar", subraya en declaraciones a este diario. Los cambios han sido ya gestionados con la Confederación Hidrográfica del Ebro.

El Gobierno de CiU puso sobre la mesa la apertura de líneas de crédito que se negociarían con cada regante para ayudar a que pagaran los 30 euros por hectárea que les corresponden, pero nunca llegaron a materializarse. En los planes de CiU figuraba la promesa de que las primeras fincas se podrían regar en 2004.

20 millones en 2005

Pero todo continuó paralizado, y así ha seguido también en el primer año de Siurana en el cargo. Ahora, el consejero se ve obligado a poner nueva fecha para el riego de las primeras hectáreas: "Entre finales de 2005 y principios de 2006". Será en el llamado sector 12 del Segarra-Garrigues, al sur de la infraestructura, cuyas obras, que no dependen del canal principal, se licitarán en torno al 1 de marzo. Siurana prefiere no ser contundente sobre el cumplimiento de la fecha de inauguración del proyecto -que en el presupuesto de la Generalitat para 2005 incluye 20 millones-, prevista para 2012.

El canal es uno de los proyectos estratégicos del Departamento de Agricultura, en el que Siurana cumple un año y en el que el consejero dice haber lidiado como herencia con "una organización administrativa propia del siglo XIX, falta de documentación, la informática obsoleta y, sobre todo, hipotecada".

En paralelo al Segarra-Garrigues, la actividad del departamento pasa, este primer trimestre, por que el Parlament vote una ley importante para el sector porcino: la ha de regular unas relaciones "transparentes y estables" entre el fabricante de piensos y proveedor de lechones y medicinas (integrador) y el ganadero (integrado). Además de la ley de integración, se discutirá con los grupos parlamentarios el contenido de una nueva ley de contratos de cultivo que persigue establecer un contrato justo entre arrendatarios y propietarios, de modo que se garantice la viabilidad del sector.

Política de ayudas

También en 2005, Siurana quiere que esté ya operativo su cacareado fondo de tierras, una iniciativa con la que se pretende facilitar el acceso, sobre todo el de los jóvenes agricultores, a las explotaciones agrícolas. Este fondo (para crearlo, el departamento comprará fincas, cultivadas o no, para destinarlas después a jóvenes dispuestos a dedicarse a actividades agrícolas) entronca con los nuevos criterios introducidos por el consejero, según los cuales se dará prioridad a las iniciativas de quien viva de la agricultura, frente a las de quien posea propiedades no cultivadas ni mantenidas, que incluso podrá ser sancionado.

Estos criterios también se han aplicado a las ayudas a la agricultura, que en el caso de los olivareros ha provocado su mayor encontronazo -"no ha habido grandes protestas, pero sí radicales", subraya- con el sector, al haber desbaratado las compensaciones prometidas por CiU a las heladas de 2001, después de considerarlas "desproporcionadas". Siurana enfatiza hasta la saciedad su compromiso, "con quienes tengan el olivar como actividad principal, de que perciban 300 euros por hectárea". Asegura que el obligado escenario que dibuja la Política Agraria Común (PAC) de la UE no impide que Cataluña "gane, y que en el sector del aceite también gane", pese a las protestas.

Su inquietud de fondo -que la agricultura no sea robusta como para sostenerse sin subvenciones- explica el gran pacto que propuso al Círculo de Economía. Un pacto entre agricultura, industria agroalimentaria y distribución que acerque y haga trabajar juntos a dichos sectores.