CEOE contra SMI

La decisión de la CEOE de suspender el acuerdo salarial con los sindicatos para 2005 constituye una afrenta directa al diálogo social, y a los propios intereses de las empresas y los trabajadores. Pues el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva, que se debía abordar en la reunión del próximo lunes con los sindicatos, que la organización patronal ha desconvocado, sirve de guía básica para la negociación de convenios sectoriales y en cada empresa. Que la CEOE lo haga para desmarcarse de la decisión del Gobierno de admitir la cláusula de revisión del salario mínimo interprofesional (SMI) con un procedimiento equivalente al fijado para las pensiones, raya en la provocación.

Es verdad que los ministerios implicados, Economía y Trabajo, han mantenido una pugna respecto al SMI que ha tenido que dirimir el presidente del Gobierno, añadiendo, sin embargo, que para su aplicación "se tendrá en cuenta la situación económica del momento". No es sino el cumplimiento de su programa electoral, que prometía elevar el salario mínimo hasta situarlo en 600 euros al término de la legislatura. El Gobierno asume así la recomendación de la Carta Social Europea de que no quede por debajo del 60% del salario medio del país. A pesar de que ya en julio se elevó de 451 a 490,8 euros, sigue siendo el segundo más bajo de los antiguos Quince, tras Portugal.

La CEOE debe entender que el hecho de que el SMI se ajuste a la inflación no constituye una amenaza central a nuestra economía. No tiene por qué transmitirse ese criterio al conjunto de las negociaciones salariales. Además, el comportamiento de los salarios en los últimos años, y más concretamente en 2004, ha sido moderado, con crecimientos inferiores al de la inflación.

Tampoco es fácil que un SMI que está muy por debajo del salario medio limite de forma significativa la demanda de empleo. Que el paro registrado haya bajado en 41.000 personas (un 2,4%) el año pasado -primer descenso desde 2000- es un buen resultado. Ahora bien, no debe esconder las deficiencias estructurales de las empresas y la economía en España. Por eso resulta más que ridículo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en un brote de infundado triunfalismo, rompiera los usos establecidos y se anticipara en 24 horas a la publicación oficial de los datos por el Ministerio de Trabajo.