Consenso en defensa

Tras lo ocurrido con la participación española en la guerra de Irak, que decidió el Gobierno de Aznar en contra de los demás partidos y al menos del 80% de la opinión pública, y cumplidos 25 años de la Ley de Criterios Básicos de la Defensa Nacional, reformada en 1984, es conveniente actualizar la norma para aclarar la base legal y política de las intervenciones militares en operaciones de paz u otras, como ya ocurre en otros países de nuestro entorno. El aspecto más novedoso del anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de la Defensa es la consulta al Parlamento antes de decidir la participación en operaciones militares en el exterior. Se trata de una promesa de José Luis Rodríguez Zapatero que ya se ensayó en julio pasado con motivo del envío de tropas a Afganistán y Haití.

El Gobierno ha advertido de que la consulta previa no será necesaria en caso de "legítima defensa, individual o colectiva". No tendría sentido dificultar la capacidad de respuesta del Gobierno ante una crisis directa. Aunque esta ley no se refiere al uso de bases militares en España por otras potencias, la cuestión de fondo es que la implicación de las Fuerzas Armadas en un conflicto requiere un amplio respaldo social que sólo puede canalizarse a través del Parlamento. Esta búsqueda de apoyo social inspira también el código de conducta de las Fuerzas Armadas que incluirá la ley y pedirá a los militares que mantengan una "comunicación veraz y oportuna" con la sociedad civil, y respeten "los derechos inviolables de la persona". Toda acción de tropas españolas debe ir avalada por el Consejo de Seguridad de la ONU o -como en Kosovo- de organizaciones regionales a las que pertenece España, como la OTAN o la UE, y no vulnerar la legalidad internacional, no siempre clara.

El presidente del Gobierno ha anunciado que en las próximas semanas se remitirá al Parlamento la nueva ley orgánica. La anterior se aprobó cuando España no formaba parte de la OTAN ni de la UE, existía el servicio militar obligatorio y las Fuerzas Armadas no participaban en operaciones de paz en el exterior. Otros aspectos de la ley vigente han quedado claramente obsoletos, como la Junta de Defensa Nacional, órgano asesor del presidente del Gobierno pero presidida por el Rey. La nueva ley la sustituirá por el Consejo de Defensa, bajo la presidencia del jefe del Gobierno, aunque podrá reunirse para informar al Rey, en cuyo caso éste lo presidirá.

Zapatero ha anunciado su propósito de que la ley sea fruto de un amplio consenso, como lo han sido todas las grandes decisiones sobre defensa desde la transición. Tras la ruptura en política exterior o justicia, cabe preguntarse si queda algún resquicio para la política de Estado. Una ley que aspira a durar 25 años, como su antecesora, bien lo merece.