El tribunal dictará hoy la sentencia del 'caso Estevill', el más grave de corrupción judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hará pública hoy la sentencia por el llamado caso Estevill, el proceso de corrupción judicial más importante ocurrido en España. La resolución ocupa unos 350 folios y en la vista convocada para este mediodía sólo se leerán los hechos probados y el fallo. El fiscal solicitó en el juicio penas que suman 13 años de cárcel para el ex juez Luis Pascual Estevill y otros 10 para el abogado Joan Piqué Vidal por prevaricación, estafa, amenazas y cohecho por cobrar o por exigir dinero a empresarios para evitar la prisión o bien para excarcelarlos.

La sentencia cierra una larga etapa en la que Convergència i Unió (CiU) patrocinó a Estevill. Piqué Vidal, por su parte, fue el abogado que logró la exculpación de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana. El primero llegó a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de la coalición nacionalista y el segundo fue durante años abogado de empresarios afines a CiU y de un alto cargo de la Generalitat.

Es muy poco probable que nada de eso aparezca en la sentencia, ni siquiera una alusión al ex consejero de Economía catalán Macià Alavedra, quien declaró como testigo en el juicio.

- La cadena y el perro. "El que mordía era el juez Pascual Estevill, pero quien llevaba la cadena del perro y le soltaba cuando quería era Piqué Vidal". La frase corresponde al empresario José Felipe Bertrán de Caralt, ex presidente de la cementera Asland y uno de los empresarios chantajeados en 1993. Se negó a pagar y pasó 25 días en la cárcel. La metáfora de la cadena y el perro estuvo presente durante todas las sesiones del juicio, en el que sólo se debatió sobre cinco casos de soborno, dos de ellos consumados. Pero nadie duda que hubo muchos más, ni siquiera la fiscalía. "Piqué montó una tienda de libertades a mis espaldas", dijo Pascual Estevill para referirse al comportamiento del abogado. "Piqué era el camino", afirmó un empresario de los que pagaron.

- Tercer pleito. El caso Estevill no hubiera sido posible sin la confluencia de intereses entre la Fiscalía de Cataluña, dirigida entonces por Carlos Jiménez Villarejo, y el titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona en aquel momento para convertirse en azote de la burguesía. El primero, empecinado en demostrar que todo el mundo era igual ante el ley, incluidos poderosos empresarios y cargos políticos, y el segundo, empleando su toga de juez para chantajear a las personas a las que investigaba. Los fiscales tardaron en descubrir el engaño, pero cuando llegaron las primeras denuncias por soborno, la fiscalía fue inflexible.

Estevill ya acumula una condena firme de siete años de cárcel por delito fiscal y otra de seis años de suspensión por prevaricación.

- "Sentencia ejemplarizante". El caso que se sentenciará hoy es el último y también el más grave que implica a Estevill. Ese juicio también fue el último, tras más de 23 años de carrera, del fiscal Carlos Ramos, quien reclamó al tribunal una sentencia "si no ejemplar, sí ejemplarizante". Probablemente ése fue también el último juicio penal, por el momento, de Guillem Vidal, un magistrado de dilatada experiencia progresista y autonomista que fue apartado de la presidencia del TSJC el pasado julio por la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial después de 10 años de mandato. Sea cual sea la sentencia, nadie descarta que se recurrirá contra ella ante el Tribunal Supremo. Si tarda menos de dos años en resolverse ese recurso, todavía será fiscal jefe de Cataluña José María Mena, el que fuera también fiscal del caso Banca Catalana, y que hace más de 20 años que se ha ido cruzando en el bando contrario en diferentes pleitos con Piqué Vidal.

- La justicia y el error. Joan Piqué Vidal dijo al inicio del juicio que la justicia se equivoca muy pocas veces y hoy se sabrá si él es o no una de esas excepciones. En cualquier caso, con 71 años cumplidos, el abogado intentó evitar el juicio depositando incluso 390.000 euros para afrontar la responsabilidad civil. Pero la fiscalía se negó al pacto.