CiU destinó sin control una cuarta parte del dinero de Enseñanza a la concertada

El Gobierno de Convergència i Unió concedió a las escuelas privadas conciertos educativos por un valor de 671 millones de euros, -lo que supone casi el 24% del total del presupuesto de 2003-, sin desarrollar ningún mecanismo de seguimiento y control y sin pedir a cambio rendición de cuentas. Esto subraya el informe de Evaluación de Gestión del Departamento de Enseñanza solicitado por la Generalitat tripartita de Pasqual Maragall.

El estudio resalta: "La gestión de los conciertos educativos pone de manifiesto unas carencias muy destacadas" a la hora de obtener "información sobre la gestión y situación económica" de los centros concertados.

El informe recoge además que los centros privados que reciben dinero público no presentan documentación alguna que demuestre el uso correcto de estos fondos en aspectos como "la correcta justificación de los fondos recibidos en concepto de gastos de funcionamiento, la debida acreditación del carácter no lucrativo de los precios por actividades y servicios complementarios", así como las actividades extraescolares.

Sin información

El informe subraya esta falta de información si se tiene en cuenta que "la normativa del concierto impone una serie de obligaciones de carácter económico a los centros", como son "la gratuidad de la enseñanza, la voluntariedad de la aportaciones, el carácter no lucrativo de las actividades y servicios complementarios".

La conclusión de la auditoría es que "actualmente no se dispone de información sobre las cuentas de los centros concertados que son financiados con fondos públicos por un importe anual de 671 millones de euros" y recomienda "disponer de las cuentas anuales" de dichos centros.

La diputada de CiU Irene Rigau asegura que el Gobierno convergente "siempre ha actuado según la normativa vigente", y denuncia "la obsesión" del Ejecutivo tripartito por "buscar presuntas irregularidades en el modelo educativo mixto" defendido por CiU. Según Rigau, la pretensión de la política educativa de la coalición nacionalista conservadora era "cumplir el derecho de los padres a escoger la escuela que consideran más adecuada para sus hijos".

Por su parte, fuentes del actual Departamento de Educación, que reconocieron que los centros concertados "ni rendían ni de momento rinden cuenta alguna", lamentan que con la legislación vigente "no se puede saber si se hace un buen o mal uso" de estos fondos públicos.

Nueva normativa

No obstante, las mismas fuentes adelantan que el departamento quiere desarrollar una nueva normativa sobre la concesión de conciertos que, entre otras cuestiones, "garantizará que el uso de los fondos públicos sea pertinente".

Educación, además, recuerda que en junio de 2002 el entonces Departamento de Enseñanza, capitaneado por la convergente Carme-Laura Gil, presentó al Parlament -por mandato expreso de éste-, un informe de 11 páginas para explicar el alcance de la utilización irregular de dinero público por parte de las escuelas concertadas.Gil explicó que se habían advertido anomalías en 26 de los 739 centros concertados.

Pero ese informe resultó sesgado y en otoño de 2002 este periódico tuvo acceso al informe original, de 32 páginas, en el cual los inspectores del departamento señalaban que habían descubierto "indicios de irregularidades" en 535. Iniciativa-Els Verds pidió la simisión de la entonces consejera del departamento.

La Confederación de Padres de Escuelas Cristianas de Cataluña, que agrupa a unos 500 colegios concertados, aseguró que la consellera de Educación, Marta Cid, siempre ha estado en su contra, motivo por el que actúa con "mala intención y poca ética" hacia el concierto educativo.

La presidenta de la entidad, Gloria Renom, negó las supuestas irregularidades que, según el actual Gobierno catalán, se dan en la escuela concertada, a la vez que ha lamentado la actitud de la consejera frente a este tipo de escuelas, a las que acude un alto porcentaje de las familias catalanas.

En declaraciones a Efe, Renom aseguró que en la confederación nunca se ha recibido queja alguna de padres que se sientan "obligados o presionados a hacer pagos indebidos", como se ha denunciado en diversas ocasiones.

Renom consideró que "lanzar a la opinión pública una información de este tipo en periodo de vacaciones demuestra la mala intención y poca ética" de Cid, dado que las escuelas están cerradas y los padres están de vacaciones. "Son acusaciones muy fuertes que afectan a colectivos importantes del país". Renom subrayó que los conciertos del Gobierno catalán son insuficientes, ya que "sólo cubren cerca del 60% de una plaza escolar". "Cid siempre ha estado en contra de dar más recursos y soluciones a la concertada", remachó. La presidenta de la Confederación subrayó que las escuelas concertadas "intentan integrar toda la inmigración y dar una enseñanza de calidad"