Maragall decide acelerar la reforma del Estatuto y pactar la financiación con CiU

El Gobierno catalán es sensible a la lentitud con que avanza la redacción del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía. El tripartito ha decidido coger el toro por los cuernos y abordar inmediatamente los dos asuntos nucleares de la reforma: los títulos relativos a las competencias de la Generalitat y a la financiación. Sobre esta última cuestión, que se presenta como la más compleja, el tripartito decidió el martes abrir negociaciones directas con Convergència i Unió (CiU) y dar un acelerón a los trabajos de la ponencia parlamentaria que elabora el proyecto.

El presidente Pasqual Maragall convocó el martes al Palacio de la Generalitat a los diputados de los tres partidos de su Gobierno que forman parte de la ponencia que redacta el proyecto de reforma del Estatuto catalán. El objetivo era analizar la marcha de los trabajos y tomar decisiones sobre cómo superar la sensación de estancamiento que emite la ponencia parlamentaria.

A la comida de trabajo asistieron por parte del Gobierno, además de Maragall, el conselller en cap, Josep Bargalló; el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura; el consejero de Justicia, Josep Maria Vallès; el portavoz, Joaquim Nadal; y el consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castellas. Los diputados convocados son los responsables de los tres partidos del Gobierno catalán en la ponencia de la reforma: Miquel Iceta (PSC-Ciutadans pel Canvi); Joan Ridao (Esquerra Republicana de Catalunya); y Jaume Bosch, (Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa). También fue convocado el presidente del Instituto de Estudios Autonómicos (IEA), Carles Viver Pi Sunyer.

La ponencia parlamentaria tiene decidido celebrar seis sesiones de trabajo en enero. Hasta ahora ha ido acompasando sus reuniones a la recepción de los borradores que le remite el IEA. El martes se decidió que este instituto entregue en enero los borradores de los siete títulos del proyecto que resta por abordar.

La previsión actual es que el proyecto de reforma conste de 10 títulos y un preámbulo. Hasta ahora se ha adoptado un redactado en primera lectura de sólo tres títulos del proyecto, que no se consideran los más importantes. El preámbulo se ha dejado para el final.

El Gobierno quiere que se aceleren los trabajos de la reforma de manera que se pueda cumplir el calendario fijado en la reunión de los líderes de todos los partidos catalanes celebrada en Miravet. Entonces se acordó hacer lo necesario para que el proyecto de reforma pueda ser aprobado por el Parlamento catalán antes de las vacaciones de verano de 2005. Es decir, para que pueda ser votado en julio.

Para ello, se requiere que a finales de febrero la ponencia parlamentaria haya finalizado la primera lectura de todo el proyecto. Dos meses después, a finales de abril debiera haber finalizado la segunda lectura. Posteriormente vendrá la discusión del texto en la correspondiente comisión del Parlamento y, luego, su consideración por el plena de la Cámara.

Desde el primer momento se ha considerado que uno de los puntos neurálgicos de la reforma es el capítulo de la financiación. El martes se decidió que este asunto no puede ser dejado sólo en manos de la ponencia parlamentaria, sino que debe ser negociado por los responsables del Gobierno en materia económica, con los partidos, y singularmente con el principal grupo de la oposición, el de CiU.

De esta forma, el Gobierno responde a los avisos lanzados por los partidos de la oposición, tanto CiU como el PP, que en las últimas semanas han advertido claramente de que hasta ahora no se ha abordado más que aspectos secundarios de la reforma.

En la valoración actual del Gobierno destaca la necesidad de alcanzar un acuerdo con el grupo de CiU, sin el cual no puede alcanzarse la mayoría cualificada del Parlamento requerida legalmente para aprobar el proyecto de reforma.

El presidente Maragall y su Gobierno están muy interesados en que también el PP de Cataluña pueda votar afirmativamente la propuesta de reforma en el Parlamento autónomo. Para lograrlo han cuidado mucho su relación con el líder del PP de Cataluña, Josep Piqué. Sin embargo, la evolución general de los populares a escala española ha llevado al Gobierno catalán a considerar cada vez más difícil que Piqué pueda descolgarse de la política general de confrontación con los socialistas y sus aliados emprendida desde la dirección nacional del PP.