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EL DEBATE POLÍTICO EN EL PAÍS VASCO

La magistrada censura que las querellas han intentado "ventilar algo más" que la responsabilidad penal

La juez instructora del caso Atutxa, Nekane Bolado, no tiene ninguna duda de que en la presente causa "se ha pretendido ventilar y poner en juego algo más que una mera responsabilidad penal". "Esto es tan evidente que no necesita mayor explicación", indica en su auto. Y añade que ha realizado un "análisis riguroso de la fundamentación de la imputación" realizada por el Ministerio Fiscal y Manos Limpias, "máxime atendiendo al efecto estigmatizador de la publicidad derivada de la imputación judicial y el carácter de aforados" de las personas querelladas. La crítica de la instructora casa con el análisis que desde los partidos nacionalistas y Ezker Batua han realizado siempre acerca de la "instrumentalización de la Justicia" por parte del Gobierno del PP en la anterior legislatura. Bolado defiende el "equilibrio justo y exquisito que ha de mantenerse para que no sirva la Administración de Justicia como filtro de otras responsabilidades de cualquier tipo, ya sean políticas o administrativas".

Para la juez, "la responsabilidad política de los gobernantes nada tiene que ver con la responsabilidad criminal de los mismos", en lo que sólo cabe interpretar como una censura abierta a la utilización espuria de los tribunales para resolver cuestiones políticas, lo que se ha convenido en definir como la judicialización de la política. Bolado, de hecho, siempre ha mantenido, y así lo expresó en su voto particular, que en este caso no había "indicios racionales de criminalidad en la actuación de los querellados que justificaran la apertura de causa penal".

Y para dar más consistencia a esta crítica, la instructora invoca un auto de 14 de noviembre de 1996 del alto tribunal firmado por el actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en el que se afirma que "hay que evitar que el proceso penal se utilice como instrumento de contienda política". Y añade dos autos del Supremo de diciembre de 1992 en los que se calificaba de "inaceptable" que se "utilice la vía penal para dar solución a conflictos que, en su caso, han de tener acogida en otros órdenes jurisdiccionales".

Manos Limpias anunció ayer que presentará recurso, lo que deja la decisión final sobre esta causa a la Sala Civil y Penal del alto tribunal vasco, que preside Fernando Ruiz Piñeiro, presidente también del Superior, y está compuesta por los magistrados Antonio García y Roberto Saiz. La Fiscalía estudiaba ayer también presentar un recurso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 29 de diciembre de 2004