La juez archiva el 'caso Atutxa' y critica al Supremo por vulnerar derechos fundamentales

La juez del Tribunal Superior del País Vasco que ha instruido el caso Atutxa, Nekane Bolado, archivó ayer la causa abierta por desobediencia contra el presidente del Parlamento de Vitoria, el peneuvista Juan María Atutxa, y otros cinco parlamentarios, al entender que no tuvieron ninguna intención de desobedecer la orden del Tribunal Supremo de disolver Sozialista Abertzaleak (SA), el grupo en la Cámara de la ilegalizada Batasuna. La juez critica abiertamente en su sentencia el proceder del Supremo por "vulnerar derechos fundamentales" de SA, como la tutela judicial, y por confundir partido político y grupo parlamentario en la ejecución de la sentencia de ilegalización, que ordenaba disolver Sozialista Abertzaleak.

La causa penal contra tres miembros de la Mesa de la Cámara (Atutxa, Gorka Knörr, de EA, y Kontxi Bilbao, de EB) se inició tras interponer sendas querellas, en julio de 2003, el Ministerio Fiscal y el colectivo de funcionarios Manos Limpias. La Sala Civil y Penal del tribunal vasco las admitió a trámite el 10 de julio, con el voto en contra de su entonces presidente, Manuel María Zorrilla, y de la propia Nekane Bolado, juez instructora. La fiscalía amplió en abril pasado la querella a los representantes del PNV, EA y SA en la Junta de Portavoces, Joseba Egibar, Rafael Larreina y Antton Morcillo, respectivamente (éste último ya no es parlamentario), al entender que cooperaron en la desobediencia a través de una "confabulación" con Atutxa, Knörr y Bilbao.

El "análisis riguroso" realizado por Bolado de la "larga instrucción" ha "reforzado y fortalecido", dice el fallo de 44 páginas, su convencimiento inicial de que la querella nunca debió haberse admitido porque los hechos "no son constitutivos de infracción penal". La instructora subraya que en todo momento los tres querellados iniciales "desplegaron la diligencia precisa" para intentar buscar un "procedimiento que afluyese al cumplimiento de la orden de disolución". En concreto, cita la Resolución General de Presidencia aprobada el 5 de junio de 2003 por la Mesa de la Cámara con los votos de los tres querellados y del miembro del PSE.

El argumento empleado por Atutxa, Knörr y Bilbao era que el Supremo había "invadido las competencias del Parlamento" al ordenar disolver SA y no había "respetado la separación de poderes". Pese a todo, aprobaron dicha resolución para intentar solventar las "lagunas" del Reglamento de la Cámara. Al día siguiente, la Junta de Portavoces votó en contra de la resolución porque, a juicio de Egibar, Larreina y Morcillo, lo preceptivo era reformar el Reglamento para cumplir la sentencia del Supremo. La fiscalía entendió que esta decisión obedecía a una "confabulación" para evitar cumplir la sentencia del Supremo.

La instructora, por contra, cree que el "incumplimiento de lo mandado no obedeció a maniobras obstruccionistas", ni se puede sostener que los imputados de la Mesa tuvieran el "ánimo deliberado de incumplir lo ordenado" por el Supremo. Resalta que su decisión "no fue caprichosa", sino que atendieron a "múltiples informes, algunos de ellos provenientes" de la Fiscalía General del Estado. Su entonces titular, Jesús Cardenal, reflejó en un informe de noviembre de 2002 que partido y grupo parlamentario son "entidades jurídicas diferentes" y que el Reglamento de la Cámara no permitía la suspensión de un grupo. El auto apunta que la "alegación de confabulación" de la fiscalía "no se sostiene". Critica al Supremo porque la disolución de SA se hizo "pasando por alto" preceptos legales y sin darle "audiencia ni oportunidad de intervenir en el proceso" de ejecución de la sentencia. "La disolución surge, en suma, fuera del ámbito de la competencia a que el proceso de ejecución debe constreñirse", añade.