La célula islamista detenida en Barcelona intentó comprar casi 400 kilos de explosivo

Los miembros de la célula islamista desarticulada ayer en Barcelona intentaron adquirir casi 400 kilos de "explosivo industrial de alta calidad" a través de un intermediario de un país del extinto Pacto de Varsovia, según fuentes próximas a la investigación. La detención de tres ciudadanos marroquíes en las localidades de Sant Andreu de la Barca y Mollet del Vallés fue la culminación de una operación que se inició en septiembre y en la que participaron, además de la policía y la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otros servicios secretos extranjeros como la DST marroquí.

Un centenar de agentes de la policía y la Guardia Civil intervinieron en la detención de los tres ciudadanos marroquíes, presuntamente relacionados con las redes del terrorismo islamista, a partir de las 3.30 de la madrugada de ayer. Majid Bakkali, de 34 años, nacido en Beni Said, fue detenido en Sant Andreu del Vallés (Barcelona), al igual que Abdelkader Farhaoui, de 45 años; mientras que Mohamed Douha, de Casablanca, fue detenido en Mollet del Vallés (Barcelona).

En la primera localidad fueron arrestadas otras tres personas que compartían domicilio con los buscados y que, según el Ministerio del Interior, podrían quedar en libertad, como ocurrió ayer en al menos dos casos, ya que mantenían una relación "meramente circunstancial" con los presuntos miembros de la célula.

La participación de agentes de los dos cuerpos de seguridad del Estado en las detenciones no es algo habitual. Se trata de la primera operación en la que colabora el recién creado Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), aunque la iniciativa partió del servicio secreto CNI. Fue este último el que, en septiembre pasado, tuvo conocimiento de las gestiones de los detenidos por hacerse con casi 400 kilos de "explosivo industrial de alta calidad" procedentes de un país centroeuropeo que perteneció al extinto Pacto de Varsovia.

Viaje a Marruecos

En la investigación posterior se contó con la colaboración de servicios secretos extranjeros y, muy especialmente, con la marroquí Dirección de la Seguridad del Territorio (DST), que dirige el general Hamidou Laanigri. De hecho, los servicios marroquíes vigilaron a Bakkali durante un viaje que realizó a su país de origen en noviembre y están investigando los contactos que mantuvo.

El pasado fin de semana, un juez marroquí dictó una orden internacional de busca y captura contra Bakkli y Douha, aunque las detenciones y registros se hicieron finalmente por mandato del juez de guardia de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

Además de sus domicilios, las Fuerzas de Seguridad registraron una carnicería y un locutorio propiedad de los detenidos. No se encontraron explosivos ni armas, pero sí abundante documentación, en soporte papel e informático, que estaba siendo traducida y analizada ayer noche.

No se conocen vinculaciones de los detenidos con los implicados en el 11-M o con otras células islamistas desarticuladas en los últimos meses, aunque sí con mezquitas dirigidas por imanes radicales. Los tres marroquíes tenían residencia legal en España, donde estaban aparentemente integrados y regentaban negocios, y carecían de antecedentes penales.

"Sabíamos que no habían recibido los explosivos que gestionaron con el intermediario centroeuropeo, pero no teníamos garantías de que no se hubieran hecho con ellos por otros medios", indicaron las fuentes consultadas para justificar la operación.

Los servicios de inteligencia están convencidos de que las fiestas navideñas, por su carácter señalado en el calendario cristiano, pero no en el musulmán, y por las grandes aglomeraciones que generan constituyen un momento de especial riesgo.

Esta circunstancia, según las fuentes consultadas, llevó a la decisión de precipitar las detenciones de Barcelona y aprobar el plan especial de seguridad, que el Gabinete de Crisis refrendó el pasado domingo y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció el martes en el Congreso.

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, dijo ayer que este plan, activado desde la pasada medianoche hasta el próximo 8 de enero, responde a un "riesgo genérico", demostrado por la actividad terrorista desde la masacre del 11 de marzo, más que a una amenaza puntual de atentado.

"El Gobierno quiere dar una respuesta de futuro, que se pueda activar siempre que sea necesario, que tenga normalidad operativa y contribuya a la tranquilidad de los ciudadanos", afirmó.

Frente a las críticas del líder del PP, Mariano Rajoy, quien reprochó a Zapatero que hubiera anunciado públicamente el plan, el ministro dijo que los ciudadanos "tienen derecho a saber" y que el Gobierno informará cada vez que se active la alerta.

Respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia de objetivos estratégicos, dijo que se trata de un "valor añadido", aunque precisó que los militares no realizarán tareas de carácter policial y estarán siempre bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa.

Alonso no quiso dar cifras de efectivos implicados, pero fuentes de la Dirección General de la Policía indicaron que unos 28.500 agentes de dicho cuerpo, más de la mitad de su plantilla, participarán en el dispositivo de seguridad, informa Europa Press.

Este dato se difundió después de que el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en dicho cuerpo, afirmara que los agentes y sus mandos ignoraban en qué consistía el plan anunciado por el Gobierno, más allá de las medidas adoptadas cada año en estas mismas fechas.

"El anuncio", aseguró el SUP, "parece más dirigido a evitar acusaciones de imprevisión si se produce un atentado que a la conveniencia operativa de anunciar previamente tal circunstancia".

Fuentes gubernamentales insistieron en que el anuncio público del plan responde a la conveniencia de concienciar a los ciudadanos para que sean comprensivos con las molestias que inevitablemente originarán las medidas adoptadas, especialmente las que se refieren al control riguroso de objetos y personas en grandes eventos deportivos, zonas comerciales o medios masivos de transporte, lo que no era habitual en el pasado.

En el País Vasco, el delegado del Gobierno, Paulino Luesma, y el consejero de Interior, Javier Balza, se reunieron ayer para coordinar la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Ertzaintza.