Las Cortes de Castilla y León 'blindan' el Archivo de Salamanca

Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer, con los votos a favor de PP y UPL (Unión del Pueblo Leonés) y la oposición del grupo socialista, dos reformas legales -una sobre la Ley de Archivos y otra sobre la Ley de Patrimonio Cultural- con las que el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera pretende "blindar" el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca e impedir la salida de cualquier documento. El comité de expertos que estudia desde primeros de noviembre el contencioso sobre el Archivo vota hoy, en la reunión que celebrará en el Ministerio de Cultura, el informe técnico-jurídico elaborado sobre el tema.

En el curso de una tensa sesión plenaria, el grupo popular en las Cortes de Castilla y León, que tiene amplia mayoría en la cámara, sometió a votación la primera de las dos reformas legales citadas, referida a la Ley de Archivos, utilizando para ello el sistema llamado de lectura única, que impide a los parlamentarios que han de votar que puedan presentar enmiendas. Las razones argumentadas por el PP para modificar la Ley de Archivos son lograr un incremento de la protección del centro salmantino "ante una posible salida de documentos". Los socialistas, que votaron en contra, opinan que dicha reforma es inconstitucional porque supone asumir la gestión de un centro documental que no es competencia de la Junta, y se pretende hacerlo reformando una ley "en lugar de promoviendo un convenio con el Estado", según argumentó el procurador socialista Óscar Sánchez. El portavoz de la Comisión de Cultura del PSOE dijo que lo que pretendía hacer el grupo mayoritario era como si la Comunidad de Madrid votara a favor de gestionar el Museo del Prado, asunto que "en ningún caso" debe ser planteado en un parlamento regional sino en la Conferencia Sectorial de Cultura. "Castilla y León", dijo este parlamentario, "no puede votar sobre leyes que no son de su competencia (...) y es más que probable que la votación que ha tenido lugar hoy sea recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional".

Durante el debate, uno de los portavoces del PP, el diputado Francisco Aguilar, intentó acorralar al representante socialista acusándole de "fariseísmo político" y preguntándole a bocajarro: "Pero los papeles ¿se van o se quedan?". Sánchez dijo que su partido "cree que hay que sacar este asunto de la demagogia en que está inmerso: demagogia de los nacionalistas radicales, que desearían desmantelar totalmente el archivo, y demagogia del PP, que lo utiliza como arma arrojadiza contra el Gobierno". Por contra, el representante popular insistió en la necesidad de contar "con instrumentos jurídicos suficientes para que los papeles sigan en Salamanca (...) como lo han estado los últimos 65 años y como nos demanda la ciudadanía".

La posible inconstitucionalidad de esta reforma ocupó buena parte del debate, durante el cual los populares recordaron una sentencia del Alto Tribunal de 1988 que daba la razón a la Junta de Andalucía, a quien se autorizó a denegar el traslado de documentos declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

"Incompleto"

Precisamente, la segunda reforma legislativa aprobada ayer, sobre la Ley de Patrimonio Cultural, abre la posibilidad de catalogar los documentos del Archivo salmantino como BIC. El PSOE se abstuvo, consideró la medida "como una mera operación propagandística" -que "no supone la asunción de nuevas competencias y, por tanto, no consideramos que se sitúe al margen de la Constitución"-, y recordó que el asunto está pendiente de lo que dictamine la comisión de expertos. Óscar Sánchez dijo que los socialistas "no sólo queremos que el archivo se quede en Salamanca (aunque puedan salir algunos papeles), sino que creemos que debe seguir creciendo, porque de momento es un archivo incompleto". Sánchez recordó que han propuesto crear en Salamanca un centro nacional de documentación sobre la Guerra Civil y la represión franquista dotado con los medios tecnológicos más avanzados.

El Ministerio de Cultura respondió con una nota en la que señala que las proposiciones de ley aprobadas "vulneran el reparto de competencias amparado por la Constitución y que, por lo tanto, son inconstitucionales". Añade que ha iniciado los trámites para "plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional".

Los socialistas opinan que se puede estar a favor de la unidad archivística y reconocer que existen determinados papeles anteriores a la Guerra Civil que pueden ser reclamados. "¿Puede decir alguien", se preguntó Sánchez, "por qué tienen que estar en Salamanca las actas de aprobación del Estatuto Catalán, aprobado durante la República?".