"Solapamiento indebido y previsible" con las elecciones

El informe del Tribunal de Cuentas denuncia un "solapamiento indebido y previsible" entre la propaganda sobre revalorización de pensiones de 2004, que según las instrucciones verbales dadas a la adjudicataria debía desarrollarse entre el 11 y 25 de enero, y la campaña electoral del 14-M. El informe recuerda que Eduardo Zaplana, como portavoz del Gobierno, notificó el 9 de enero de 2004 que las elecciones se celebrarían el 14-M. La víspera, el Ministerio de Trabajo, también gobernado por Zaplana, formalizaba el contrato.

Trabajo, ya convocadas las elecciones, exigió tres modificaciones del contrato, pero en ninguna de ellas intentó evitar dicho solapamiento. La primera, el mismo 9 de enero, pidió aumentar las vallas y marquesinas y disminuir los anuncios en prensa; la segunda, el 15 de enero, añadió al inicial lema Un año más cumplimos un segundo mensaje, Lo nuestro son las personas; y la tercera, el 16 de enero, ordenó reducir los anuncios en televisión y en diarios e incrementar la publicidad en revistas y semanarios.

Esta última modificación es considerada la más grave: se produce el mismo día en que la Junta Electoral inicia un expediente sobre dicha campaña. Cuando la Junta ordenó suspender la campaña, el 20 de enero, resultó imposible paralizar la inserción en dichos medios. Por tanto, su decisión "extendió el conocimiento de la campaña más allá de la fecha de su suspensión". Igualmente, el informe denuncia la irregularidad de que la campaña fue subcontratada a una empresa ocultamente, en contra de lo que marca la ley, y por encima del tope legal del 50% del importe de adjudicación.

Cobro de servicios

Dicha firma, además, participó en la campañas electorales del PP en 2003 en Canarias, Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana. Pese a la suspensión, la empresa cobró los servicios ya prestados (5,3 millones) y casi 211.000 euros en concepto de lucro cesante.

El informe establece que, al amparo de un pretendido interés informativo dirigido a los pensionistas, "la campaña, dirigida a todos los españoles, estaba destinada, según se desprende de sus antecedentes y circunstancias (lemas, fechas de difusión elegidas, modificaciones contractuales, irregularidades en la campaña de 2003), a mejorar la imagen gubernamental coincidiendo con el periodo inmediatamente anterior a la celebración de las elecciones generales".

El informe resalta que este solapamiento "pudo y debió corregirse" desde la primera modificación del contrato. Por todo ello, el informe reclama, igualmente, que este contrato sea llevado a la sección de enjuiciamiento y, en su caso, al fiscal para que depuren responsabilidades.