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Editorial:

Conclusiones

La detención en Lanzarote de cuatro presuntos miembros de la red terrorista Grupo Islámico Combatiente Marroquí, relacionada con los atentados de Casablanca y Madrid, demuestra la eficacia de la actuación policial y judicial; pero prueba también que el riesgo de un atentado de ese signo en España sigue siendo alto. Y señala hasta qué punto es absurdo centrar el debate sobre el 11-M en cuestiones objetivamente secundarias en comparación con ese peligro.

La principal cuestión planteada tras las comparecencias de Zapatero y de la portavoz de las víctimas del 11-M, Pilar Manjón, es la de si debe haber más comparecencias ante la comisión parlamentaria o si es hora de pasar a establecer sus conclusiones; o, alternativamente, si, como propuso Manjón, habría que crear otra formada por independientes.

La comisión no ha sido inútil. Ha aclarado cosas que se desconocían, incluyendo que las fuerzas de seguridad sabían bastante más de lo que se suponía, lo que explica la rapidez de las detenciones; pero que la descoordinación era mayor de lo imaginable, lo que explica que no se valorara adecuadamente el peligro. Tal vez los atentados se hubieran producido de todos modos, pero parece evidente que la descoordinación policial y la insuficiencia de medios -traductores, agentes especializados, archivos eficaces- impidieron identificar correctamente los indicios y tomar más en serio las amenazas existentes. La comisión ha servido también para conocer el intenso tráfico clandestino de explosivos en Asturias, que ha obligado al Gobierno a anunciar reformas legislativas. ¿No era ése uno de los objetivos de la comisión, detectar errores subsanables?

Falta poner los datos en orden y proyectarlos en conclusiones útiles; pero la comisión ha avanzado mucho. La insistencia en preguntar quién está detrás, como si la autoría islamista no bastase, lleva al absurdo de mantener la comisión indefinidamente abierta, por si aparece otra hipótesis. El alegato de Pilar Manjón sobre el narcisismo y sectarismo de los políticos -acusados de ir a lo suyo y de ofender a las víctimas- será eficaz si permite reorientar los trabajos de la comisión hacia sus objetivos iniciales. La obsesión del PP por buscar culpables de su derrota provocó una obsesión simétrica de los socialistas por demostrar que Aznar engañó a sabiendas, convirtiendo a la comisión en escaparate de afirmación de las conclusiones previas de cada partido. Pilar Manjón reprochó a todos ese extravío. Pero la sugerencia de abandonar la comisión ahora y abrir una formada por independientes llega tarde. Si no parece razonable mantener indefinidamente abierta la existente (impidiéndola pasar a la fase de conclusiones), aún lo sería menos empezar ahora de cero.

Ante la comisión han comparecido numerosos expertos, en particular policiales, que han esclarecido los hechos principales y señalado los puntos débiles con vistas al futuro. Por otra parte, existe la acción judicial, que establecerá las responsabilidades penales. El margen para una investigación que no sea ni parlamentaria ni judicial es muy estrecho, y no está contemplada en la Constitución. Lo que tal vez sí debió haberse hecho (y habrá que tener en cuenta en el futuro) es organizar la comisión de manera diferente, separando más nítidamente una fase de comparecencias de técnicos y expertos destinadas a establecer los datos de hecho, de una ulterior orientada a dilucidar eventuales responsabilidades políticas. El reglamento del Senado contempla la posibilidad de constituir comisiones parlamentarias de "encuesta o estudio" sobre asuntos de interés público que podría haber sido ensayada para lo primero. Hay cuestiones que no se dilucidan a votos; una comisión parlamentaria no es un tribunal.

Un efecto de la comparecencia de Pilar Manjón ha sido el nombramiento de Gregorio Peces-Barba como alto comisionado para las víctimas del terrorismo. A Rajoy le pareció bien de entrada, pero su partido ha preferido luego convertirlo en motivo de bronca, acusando a Zapatero de no haber respetado el Pacto Antiterrorista al tomar la decisión unilateralmente. Tal vez Zapatero debió informar de ello a Rajoy antes de hacerlo público, pero es una exageración decir que se ha vulnerado el pacto. Sin embargo, el Gobierno ha aceptado convocar la comisión de seguimiento para discutirlo, lo que puede dar la ocasión para que unos y otros acuerden la mejor forma de pasar a las conclusiones útiles. Seguramente hay en el primer partido de la oposición quienes preferirían mantener la bronca retrospectiva, que potencia la imagen de todos contra el PP. Pero ello deja a Rajoy fuera de juego, y a la política española vuelta hacia el pasado, en lugar de preparada para hacer frente a un futuro amenazante.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 19 de diciembre de 2004