Los inspectores critican la falta de medios en el plan contra el fraude

El plan contra el fraude que ha elaborado el Gobierno resulta "imposible de aplicar" con los medios existentes en la Agencia Tributaria. Es la principal crítica de los inspectores al proyecto que el Ejecutivo pretende aplicar desde enero próximo para combatir el fraude de forma más efectiva. Los inspectores están también molestos con la exposición pública de las estrategias de la Agencia, algo que consideran que puede vulnerar la ley.

El plan de prevención del fraude fiscal presentado por el Gobierno la semana pasada no contempla una dotación adicional de medios para ponerlo en marcha. Este aspecto "afecta a la propia credibilidad del plan", según el documento de críticas y sugerencias que la asociación Inspectores de Hacienda del Estado -aglutina a la mayor parte del colectivo- ha remitido al director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche. "Si el eje de la política fiscal del Gobierno era la lucha contra el fraude, ¿por qué luego no ponen medios para cumplirlo?", se pregunta José María Peláez, presidente de esta organización.

Los inspectores consideran muy llamativo que el proyecto (aún es un borrador que está recibiendo sugerencias) cambiase de nombre a última hora y abandonase el término lucha contra el fraude para adoptar el de prevención. Peláez atribuye este cambio a una "suavización" que ha dejado en el camino algunas de las medidas previstas. Así, la policía fiscal, el reforzamiento del servicio jurídico del Estado, la creación de equipos de investigación criminal en la Agencia o la potestad para investigar cuentas corrientes sin notificación a su titular se han quedado en el cajón.

Algo que ha molestado a los inspectores es el hecho de que se detallen públicamente las medidas, pues entienden que otorga ventajas a los defraudadores. Es el caso, por ejemplo, de las tramas de IVA, apartado en el que el plan alude a la realización de comprobaciones de la actividad de las entidades implicadas "sin previa comunicación". El presidente de los inspectores considera que esta conducta puede infringir la Ley Tributaria, que obliga a mantener en secreto las estrategias de control, salvo "líneas generales".

Peláez cree que las medidas en general son correctas, aunque las considera limitadas, al ceñirse al ámbito organizativo y renunciar a cambios legales profundos. Los inspectores estiman necesaria una ley de lucha contra el fraude que modifique la figura del delito fiscal. En este contexto, abogan por alguna reforma que sancione la colaboración de la banca con los defraudadores.

Productos opacos

"Es de conocimiento público que determinadas entidades de crédito están ofreciendo productos opacos diseñados a partir de una combinación de testaferros y paraísos fiscales para captar dinero negro de los clientes usuarios de la llamada banca privada", recoge el texto.

También recomiendan crear una policía fiscal contra el fraude, uno de los proyectos estrella que ha arrastrado la Agencia históricamente y al que parece haber renunciado el plan. Los inspectores persiguen también modificaciones en aspectos fundamentales de la Ley Tributaria (por ejemplo, el régimen de sanciones e infracciones, que consideran insuficiente, y la imposibilidad actual de investigar cuentas corrientes sin notificarlo a su titular). El fraude más sofisticado, según Peláez, se queda sin sancionar con la norma actual.

Peláez considera que la gravedad del fraude -representa una quinta parte de la producción, según sus cifras- requiere cambios en la estructura de la Agencia Tributaria. Así, sugiere crear un departamento de control que concentre las labores de comprobación de contribuyentes. Asimismo cree imprescindible aumentar la financiación de la Agencia con la cesión de un 18% de las cantidades que ingrese por las liquidaciones realizadas superiores a la media de los últimos cinco años.