La Abogacía del Estado no avaló los contratos millonarios de la Zona Franca de Cádiz con Miami

La Abogacía del Estado no avaló "en ningún momento" el contrato de 4,2 millones de euros que firmó la Zona Franca de Cádiz a finales de 2000 con la empresa Miami Free Zone para crear una red informática de comercio exterior que "nunca se desarrolló y que hoy aún no existe", según los técnicos del recinto fiscal. La Abogacía del Estado tampoco emitió ningún informe contrario para poder anular este contrato una vez firmado, como adujo el ex delegado Miguel Osuna, para justificar que mantuvo los pagos que inició su antecesor, Manuel Rodríguez de Castro.

En respuesta a un cuestionario trasladado por EL PAÍS a la Abogacía del Estado a través de la Zona Franca, la Abogacía niega que tenga en su poder informes jurídicos sobre las condiciones en las que Miami Free Zone obtuvo este contrato cuando un informe del Interventor del Ministerio de Hacienda detalla que esta empresa incumplió numerosos puntos del pliego de condiciones del concurso público convocado por la Zona Franca. "Hasta el momento, no se solicitó informe jurídico sobre este contrato o el incumplimiento del pliego", afirma la Abogacía del Estado que desconoce, por tanto, que la dirección de esta sociedad, con sede en Florida, no presentó el preceptivo certificado sobre esta empresa de la Embajada de España.

Miami Free Zone tampoco aportó referencias sobre su solvencia técnica, profesional y económica, y no hubo recepción física de la oferta, sino por correo electrónico cinco días antes de que expirase el plazo del concurso público. Esta empresa no desglosó en su oferta datos económicos ni el personal que iba a destinar a este negocio. A la dirección actual de la Zona Franca le sorprende además que un contrato de esta elevada cuantía -4,2 millones de euros- se adjudicase a una empresa que es una sociedad limitada con un capital social de sólo 1.000 dólares. Todos estos supuestos impedimentos no impidieron a Rodríguez de Castro firmar este contrato millonario que "en ningún momento" fue analizado por la Abogacía del Estado.

La Abogacía del Estado niega asimismo que se le consultase sobre este contrato una vez firmado para su posterior anulación. Esta versión contrasta con las explicaciones que aportó Miguel Osuna, quien afirmó que solicitó un informe a la Abogacía del Estado "por si ese contrato se podía anular". "En la Abogacía del Estado me dijeron que no porque el único requisito de la Ley de Contratos del Estado era la publicidad y la concurrencia. Al firmar un contrato con un no residente, tenía unos derechos objetivos y si no lo cumplíamos nos podían demandar y probablemente hubiésemos perdido el juicio", afirmó Osuna en una entrevista publicada por EL PAÍS el pasado 24 de noviembre. Sin embargo, la Abogacía del Estado niega que le solicitaran un informe y que impidiese la posible anulación. "No se ha localizado en los archivos de Zona Franca copia de escrito en el que solicitase informe sobre esta operación y menos aún sobre la resolución de este contrato", responde la Abogacía del Estado, que, con todo, aclara que este tipo de consultas no son "preceptivas" para operaciones de sociedades dependientes del Consorcio de la Zona Franca.

La Abogacía del Estado confirma además que junto con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas del Estado han interpuesto conjuntamente un procedimiento de enjuiciamiento contable y penal por presunta responsabilidad en varios delitos contables contra Manuel Rodríguez de Castro (EL PAÍS, 24 noviembre), a quien exigen que devuelva íntegramente los 606.000 euros de gastos en viajes, hoteles, restaurantes, regalos, asesorías y mediante tarjetas de crédito que no justificó durante su gestión al frente del recinto fiscal gaditano. Asimismo, esta denuncia para el "resarcimiento del dinero público" incluye una "posible derivación penal", con posibles penas de cárcel.

Por lo demás, este órgano niega que "le conste" que Rodríguez de Castro u Osuna actuasen en contra de las indicaciones de la Abogacía del Estado en otras operaciones. Con todo, añade que no tiene como "atribución" hacer un seguimiento "ulterior" de las cuestiones previamente informadas para comprobar si la Zona Franca aceptó o no las indicaciones de las consultas.