"Este Gobierno va a ser más beligerante en la lucha contra el fraude"

Luis Pedroche (Madrid, 1953) dirige la Agencia Tributaria desde que el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, decidió volver a contar con él, hace ocho meses. En este plazo ha reunido cerca de un centenar de inspectores para diseñar un ambicioso plan que pretende combatir el fraude fiscal.

Pregunta. ¿Cuál es la dimensión actual del fraude fiscal? ¿Por qué no lo cuantifican?

Respuesta. El problema de la cuantificación es siempre complejo, porque el fraude está vinculado a lo oculto. La percepción es que existen importantes bolsas de fraude que no han sido corregidas de forma eficaz. Principalmente en sectores como el inmobiliario.

P. ¿Habrá alguna manera de medir los resultados del plan contra el fraude?

"La percepción es que existen importantes bolsas de elusión fiscal que no han sido corregidas de forma eficaz"

"Tenemos que pensar que el manejo de dinero negro en el sector inmobiliario no sólo se produce en la última fase"

R. Estamos buscando indicadores que permitan valorar el impacto. Como el plan es de prevención, una parte del fraude va a aflorar por el cumplimiento voluntario, con la corrección de las conductas de los incumplidores.

P. Una de las críticas a este plan es que no contempla más medios para aplicarlo.

R. Efectivamente, el plan no contiene un catálogo expreso de medios materiales. Para 2005, la Agencia cuenta con un presupuesto del que dos tercios van destinados a gastos de personal y un tercio está vinculado al funcionamiento. Destacan las inversiones, que crecen el 11,4%. Creemos que por esa vía se pueden allegar nuevos recursos.

P. ¿Se va a incentivar a los trabajadores vinculando sus retribuciones a los resultados?

R. La Agencia dispone de un concepto retributivo de productividad ligado a objetivos, unos objetivos que vamos a cambiar. La deuda liquidada no es el criterio que mide mejor las actuaciones, sino la recuperada. Con ese nuevo escenario aplicaremos los criterios de distribución de productividad. Se ha hecho una oferta a los inspectores con la idea de que la retribución fija no era el concepto más dinámico. Se pretende consolidar ese importe para 2005, vinculado a objetivos.

P. ¿Hacen falta más inspectores?

R. No me atrevería a decir eso. Lo que sí es cierto es que el plan establece actuaciones distintas a las que se hacían. Eso va a comportar una reasignación de efectivos. La Agencia, hasta la fecha, ha venido actuando de forma muy eficaz en asistencia y apoyo a los ciudadanos, no así en prevención y corrección del fraude. Tendremos que reasignar efectivos desde tareas más burocráticas hacia la investigación. Eso también nos debe llevar a ver si en el medio plazo es necesario incrementar los efectivos.

P. En ese cambio de prioridades, ¿los trabajadores con nómina van a ser menos objeto de investigación para trasladar esos recursos a otros ámbitos?

R. Hasta ahora, la Agencia se ha dirigido mucho a las rentas sujetas a retenciones, donde el control es sencillo. Queremos centrarnos en los fraudes más complejos, los que suscitan mayor rechazo a la sociedad. Este Gobierno va a ser más beligerante en la lucha contra el fraude más grave, el que utiliza mecanismos más complejos.

P. ¿Habrá policía fiscal?

R. El plan contempla una unidad policial que refuerce los mecanismos de investigación de la Agencia para prevenir y corregir el fraude. Con el Ministerio del Interior estamos analizando cuál es el cauce más adecuado para llevar a cabo esa colaboración.

P. ¿El problema es de quién depende, si de Hacienda o de Interior?

R. El tema no es tanto de quién dependa, sino llegar a acuerdos de colaboración con las fuerzas de seguridad, como ya existen hoy con el contrabando y el blanqueo de capitales, a través del servicio de vigilancia aduanera. Lo que pretendemos es extender los acuerdos al resto del fraude, al delito fiscal.

P. ¿Por qué ponen el acento en el mercado inmobiliario?

R. El mercado inmobiliario es muy opaco, tiene poca transparencia, con procesos que duran ocho o diez años desde que se inicia el planeamiento urbanístico hasta la venta del inmueble. Lo que tenemos que pensar es que el manejo de dinero negro no sólo se produce en la última fase. Vamos a captar información desde que una finca rústica es declarada urbanizable. Luego hay medidas normativas dirigidas a evitar el uso de dinero negro. Se plantea que en todas las ventas conste el medio de pago y que se nos informe cuando haya sido en metálico. No parece razonable pagar una vivienda de un alto valor en metálico. Otra medida es incluir en el registro los contratos privados. En la adquisición de obra nueva sobre plano estamos convencidos de que el contrato sí refleja el verdadero precio de la transacción.

P. También se prevé un mejor control de las deducciones por vivienda. ¿Hay mucho fraude ahí?

R. Seis millones y medio de contribuyentes consignan deducción por vivienda. Lo que queremos es ver si concurren los requisitos para beneficiarse.

P. Además de prevenir el nuevo fraude, la Agencia debe intentar ingresar las cantidades defraudadas. ¿Qué parte de la deuda se recupera finalmente?

R. Me atrevería a decir que, como media, las actuaciones inspectoras tienen un resultado en torno al 42% o 43%.

P. Habrá que mejorar esa cifra.

R. Efectivamente. Uno de los principios que inspiran el plan de prevención es pasar de la idea de deuda liquidada al cobro. El plan contempla integrar la actividad de liquidación y de recaudación de forma que, desde el inicio del proceso, el órgano de recaudación analice qué riesgo recaudatorio comporta el contribuyente y, si existe, adoptar las medidas cautelares previstas en la Ley Tributaria y asegurar la posible recuperación de la deuda.

P. ¿Aumentan esas medidas cautelares?

R. Sí. Antes estaban limitadas al IVA y las retenciones. Ahora se generalizan a todas las deudas tributarias.

P. Uno de los casos más sonados de los últimos años ha sido el de las cesiones de crédito ¿Cómo justifica que la Agencia Tributaria no actúe?

R. La Agencia en su día denunció una serie de operaciones que se estaban produciendo con las cesiones de crédito. A partir de ahí, tuvo que remitir el tanto de culpa a la fiscalía para que, si concurría delito fiscal, planteara actuaciones. Desde entonces, la Agencia lo que hace es colaborar al máximo con los jueces.

P. ¿No puede hacer más?

R. Una vez se denuncia un delito, la Agencia debe abstenerse de cualquier actuación. En este momento, no tenemos ninguna petición de informe que permita actuar.

P. ¿Cree que el abogado del Estado debería reconsiderar su postura y ejercer la acusación?

R. El abogado del Estado tiene suficiente capacidad, no tengo duda de que está actuando conforme a los hechos que conoce.

P. El Gobierno decidió mantener la Ley Tributaria del PP y eso generó críticas entre los inspectores. ¿Cómo se justifica conservar una norma tan importante en la lucha contra el fraude?

R. Cabían dos planteamientos: haber aplazado la ley o que entrase en vigor y ver cómo operaba. Nos parece más adecuado dejar que funcione y hacer una evaluación de qué problemas plantea.

P. ¿En qué situación están los más de 600.000 expedientes que se paralizaron hasta la entrada en vigor de la nueva ley?

R. A 30 de noviembre, el 75% de los expedientes paralizados había concluido con la propuesta de una nueva sanción. Lo que resta se concluirá este mes.