"Las riñas entre novios adolescentes están acabando en los juzgados"

La juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja, de 43 años, levantó una gran polvareda en mayo cuando alertó del "abuso" que en su opinión cometen algunas mujeres al denunciar supuestos malos tratos para presionar en la separación. Hoy, esta juez mantiene que la Ley Integral contra la Violencia de Género [que entrará en vigor en enero] no ha sido suficientemente consensuada.

Pregunta. ¿Nota que los problemas que denunció en mayo se han solucionado?

Respuesta. Me temo que no. Nos estamos yendo más allá de los límites de lo razonable en la aplicación del Código Penal. Si obligamos a los jueces a que castiguen duramente hechos leves, pueden verse empujados a absolver a los acusados, ya que saben que la pena que deben imponerle en caso de hallarlo culpable es desproporcionada.

P. ¿Los jueces se ven atrapados por un Código demasiado rígido?

R. El derecho penal no resuelve los problemas sociales. Así lo manifestaron algunos de los más prestigiosos juristas en un manifiesto del pasado mes de junio. Además, el principio de presunción de inocencia está sufriendo mucho. En muchos casos no hay pruebas y, sólo con la palabra de la mujer se produce una condena o una absolución. Esto acarrea riesgos importantes, ya que el juez puede verse obligado a actuar por intuición. Las mujeres no siempre dicen la verdad y eso debemos tenerlo muy en cuenta.

P. ¿Hasta qué punto los jueces se topan con estos problemas en su trabajo del día a día?

R. Los jueces me lo cuentan cada día: la violencia doméstica está suponiendo tal incremento del trabajo en los juzgados de instrucción que la gente, jueces, secretarios y funcionarios, se están marchando. Los juzgados, sobre todo los de ciudades medianas, se están desertizando.

P. ¿La nueva ley va a intensificar a su juicio estos problemas?

R. De hecho, ya está ocurriendo. Las riñas y las discusiones familiares ya se están manteniendo en los juzgados. Se está juzgando a padres que le han pegado una bofetada a su hijo porque éste le empujó. Y se les condena por un delito de violencia doméstica. Las riñas entre novios adolescentes están acabando en los juzgados de guardia. No sé si tantos recursos del Estado deben destinarse a estas cosas.

P. Usted ha denunciado también el abuso que hacen de esta ley algunas mujeres en proceso de separación.

R. Una mujer de Madrid que se divorcia debe esperar, en algunos casos, nueve meses para que el juez fije la pensión alimenticia para su hijo. Aquí es donde empieza la tentación de que, si el marido te ha dado un empujón, puedas ir al juzgado de guardia, lo denuncies y en 24 horas puedas obtener una pensión y una orden de alejamiento y solucionar en muy poco tiempo un problema que habría llevado muchos meses resolver.

P. ¿Cree que se abusa de las órdenes de alejamiento?

R. Los jueces rechazan una de cada cuatro solicitudes, pero me temo que alguno está dictando órdenes de alejamiento sin suficientes indicios de necesidad. Trabajan con mucha presión mediática y social y dictan órdenes para evitar el escándalo que se produciría si una mujer a la que se le ha denegado este alejamiento o protección fuera agredida de nuevo. Pero se ven obligados a actuar a ciegas, sin pruebas, sin suficientes indicios. En cuanto a las órdenes de protección, cuantas más se dan, menos capacidad tiene la policía para hacer el seguimiento de su cumplimiento. Todos sabemos que el 90% de los agresores incumplen esa orden. Si tenemos unas pocas mujeres en situación grave pero con casos muy identificados, podemos poner suficientes agentes para protegerlas.

P. Se ha dicho que usted ha abandonado su feminismo.

R. Mi feminismo no hace como este Código Penal, que nos trata como si fuéramos tontas. Antes necesitábamos un padre o un marido para saber qué nos convenía en la vida, ahora necesitamos al Estado. Y este Código nos impide, por ejemplo, que si después de una discusión y unos empujones hay una condena por este hecho leve, la pareja pueda reconciliarse.

P. ¿Y cuál es la salida?

R. Debemos evitar judicializar todavía más la vida familiar. Debemos saber diferenciar los casos leves de los que realmente merecen una actuación decidida por parte de la justicia. Para hacerlo habrá que abordar una reforma del Código Penal.