EE UU centraliza su red de espionaje para prevenir fallos como los del 11-S

A pesar de la oposición ferviente de un nutrido grupo de republicanos, el Senado estadounidense aprobó anoche la normativa legal que revoluciona el organigrama y el funcionamiento de los servicios de información de EE UU. La Cámara de Representantes aprobó la ley el martes por 336 votos contra 75, que pretendían añadir al texto medidas para salvaguardar el poder del Pentágono y endurecer el tránsito de inmigrantes. La ley establece la creación de un supercomisario de la inteligencia norteamericana; a él corresponderá el reparto del presupuesto y la coordinación de los trabajos.

Desde que tuvieron lugar los atentados de Nueva York y Washington, cada día el presidente, George W. Bush, empieza el día con una sesión informativa impartida en persona por el director de la CIA -primero George Tenet y ahora Porter J. Goss-, que también a diario celebra una cumbre de inteligencia antiterrorista con sus principales expertos.

Cuando la nueva ley entre en vigor -lo que tendrá lugar en un plazo muy breve-, ninguna de esas reuniones estará presidida por el jefe de la CIA, sino por el nuevo director nacional de Inteligencia, el cargo creado en esta normativa para supervisar y coordinar el trabajo de las 15 agencias que componen los servicios secretos de EE UU. Algunas son sobradamente conocidas, como la CIA, el FBI y la Agencia Nacional de Seguridad; otras trabajan en un segundo plano, como la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial.

El poder que claramente pierde el director de la CIA parece compensado de manera simbólica con una decisión logística de profundo significado: el despacho del nuevo director nacional de Inteligencia será el mismo que ahora ocupa el director de la CIA en la séptima planta del cuartel general de esta agencia en Langley (Virginia). El jefe de la CIA será convenientemente degradado a un despacho en una planta inferior.

No es, sin embargo, la disminución de poder de la CIA la que había estancado esta ley, que se daba por muerta hace sólo un mes. Dos republicanos, un congresista y un senador, la habían bloqueado hasta que no se establecieran garantías de autoridad y relativa independencia para la Oficina de Inteligencia del Pentágono. El congresista Duncan Hunter y el senador John Warner -y con ellos un buen grupo de republicanos- no aceptaban la idea de que el director nacional de Inteligencia pudiera insertarse en la cadena de mando entre el presidente de EE UU y los responsables militares en el terreno de batalla. A última hora del martes, la ley superó el atasco cuando ambos políticos aceptaron retoques al texto que clarificaban el orden de esa cadena de mando y permitían al Departamento de Defensa retener el control sobre los datos que proporcionan los satélites espía de las zonas de conflicto. Esa información no deberá pasar por la mesa del director de la Inteligencia, sino que estará inmediatamente en manos de los mandos militares.

El segundo escollo político también se superó a regañadientes. Otro grupo de congresistas y senadores republicanos querían aprovechar la aprobación de la normativa para introducir medidas firmes de control de la inmigración; querían que sólo los residentes legales en EE UU pudieran obtener el permiso de conducir, que actúa en este país como documento de identidad y permite a los inmigrantes no residentes moverse y trabajar con cierta libertad. Se aceptó posponer ese debate no sin el enfado clamoroso del presidente del Comité Judicial de la Cámara, James Sensenbrenner, que hizo un llamamiento infructuoso a sus colegas de partido para que "tumbemos esta ley y empecemos desde cero el año que viene". El Senado aprobó anoche la ley (algunos senadores ya habían cerrado el año y habían regresado a sus Estados) y un portavoz de la Casa Blanca mostró la "satisfacción" del presidente y su disposición a firmarla de inmediato.

La ley acepta plenamente las sugerencias de la comisión independiente que investigó los atentados del 11-S; en un comunicado, sus miembros se mostraron "profundamente agradecidos" por la aprobación. Las medidas tratan de solucionar la falta de coordinación que escandalizó a los miembros de la comisión, aunque no solucionan el defecto principal que, según el informe final, permitió la organización del 11-S a espaldas de los servicios de inteligencia más poderosos del mundo: la falta de imaginación.

El nuevo director nacional de Inteligencia también tendrá autoridad sobre el reparto de los 40.000 millones de dólares anuales de presupuesto que reciben los 200.000 empleados de las 15 agencias. El 80% de esa cantidad recae, por ahora, en las agencias de inteligencia del Pentágono.