Tripartito y cooperación al desarrollo

El 14 de diciembre se cumplirá un año del pacto per un Govern catalanista i d'esquerres a la Generalitat de Catalunya. En este extenso pacto se detallan y destacan las políticas sociales para desarrollar a lo largo de la legislatura y el papel que se quiere desempeñar en el actual escenario internacional. Por ello, en el mismo se acuerda "aumentar las acciones destinadas a reforzar la cooperación internacional en materia de desarrollo y en particular a fomentar el codesarrollo". Al mismo tiempo se suscribe un compromiso para "incrementar progresivamente los recursos que se destinan a la política de cooperación internacional hasta llegar al 0,7% de los tributos propios del Presupuesto de la Generalitat durante esta legislatura". De cumplirse este último compromiso, significaría casi cuadriplicar los fondos que se destinaron en el año 2003 y aumentar la partida en unos 18 millones de euros anualmente.

En un momento en que desde diversos sectores se realizan los primeros balances de la acción de gobierno, quisiéramos manifestar que, en el ámbito de la solidaridad internacional, se generaron muchas expectativas y se apoyó sin reservas el acuerdo al considerar que era el momento oportuno para dar un salto tanto cuantitativo como cualitativo, y de forma consensuada, en la política de cooperación catalana y en su contribución a la creación de un mundo más justo y solidario. Las ilusiones y esperanzas depositadas por el conjunto de la sociedad en esta coyuntura histórica creemos que no pueden verse defraudadas.

De acuerdo con los presupuestos presentados al Parlament, en 2005 se destinarán, aproximadamente, unos 10 millones de euros más a cooperación y desarrollo, que sumados al incremento de cinco millones de este año suponen más del 60% de incremento respecto al último presupuesto del anterior Gobierno. Este incremento puede parecer espectacular comparado con el de otras partidas o con el índice de inflación anual. Pero debemos recordar que partimos de un nivel de ejecución presupuestaria muy bajo y que en el mejor de los casos nos situaríamos en el 0,35% de los tributos propios, todavía muy lejos del compromiso de lo previsto en el Pacto catalanista y de izquierdas y aún más lejos del 0,7% del PIB marcado por Naciones Unidas hace más de dos décadas y asumido por todos los pueblos desarrollados.

Pero quizá nuestra preocupación mayor no reside en el escenario presupuestario, que sin duda se incrementa de forma más lenta de lo esperado, sino en la toma de posición política. La cooperación para el desarrollo se debe caracterizar por una relación de igualdad y colaboración mutua y no como una iniciativa voluntaria y generosa de los países más industrializados. El 0,7%, desde una óptica progresista, debe entenderse como un deber y un derecho, una obligación y una aportación de los países más ricos económicamente a la creación de un nuevo escenario internacional basado en la justicia social y en la redistribución de la riqueza en todo el mundo, así como un derecho de los países injustamente empobrecidos a gozar del bienestar social, económico y cultural que les corresponde. En este sentido el Gobierno de la Generalitat de Cataluña no se ha caracterizado por la consolidación de un programa de acción a escala internacional que además sea un reflejo de su compromiso con las poblaciones y naciones más empobrecidas de este planeta.

Es cierto que el Plan Anual de la Cooperación al Desarrollo 2004, presentado en el Parlament, señalaba un cambio importante en las políticas de solidaridad y asumía los compromisos de la comunidad internacional para luchar contra la pobreza, que se resumen en la Declaración del Milenio aprobada por Naciones Unidas en el año 2000 y que pretenden mejorar la calidad de vida de la población mundial antes de 2015. Pero creemos que este programa no se ha puesto en marcha con la solidez y fuerza que serían necesarias dadas las expectativas generadas y las ingentes necesidades de las personas y los pueblos más desfavorecidos.

Hasta el momento la Administración autonómica ha repartido los insuficientes recursos disponibles entre las entidades de solidaridad internacional de una forma transparente y correcta, pero en muchas ocasiones ha tendido más a contentar a todas las organizaciones, con una lógica distributiva, que a atender el impacto que las acciones desarrolladas tienen en las necesidades de la comunidad receptora de la ayuda. Por ello, el camino por recorrer es muy amplio y si no se inicia de forma decidida existe el riesgo de que se consoliden prácticas internacionalmente en desuso, que probablemente sirvan para acallar nuestras conciencias, pero no para transformar una realidad injusta.

Hay que apostar por incrementar, de una forma decidida, la calidad y la coherencia de las acciones impulsadas y financiadas por el Gobierno. Esta calidad implica aportar lo mejor de nuestros conocimientos y capacidades a la creación y consolidación de un bienestar internacional respetuoso con la cultura y el medio ambiente y basado en los derechos humanos y laborales reconocidos mundialmente. Para ello se debe consolidar el trabajo con las ONG, de ámbito local o catalán, que apuesten más decididamente por crear una red de solidaridad en conexión con otras redes latinoamericanas, africanas o asiáticas que den apoyo a las iniciativas de los pueblos del Sur y que, al mismo tiempo, favorezcan los cambios necesarios en nuestra sociedad. Trabajar de forma coordinada con todos los actores aprovechando las potencialidades de cada uno y buscando las complementariedades indispensables para realizar un trabajo eficaz. Identificar nuestras fortalezas como pueden ser las nuevas tecnologías, la microempresa como generador de riqueza equitativa y vinculada a la tierra, la gobernabilidad local, la creación de tejido asociativo, el trabajo y reivindicaciones de jóvenes y mujeres en este nuevo escenario internacional o una política a favor de la paz y el diálogo, en el marco de las perspectivas marcadas por las agencias de las Naciones Unidas.

Igualmente entendemos que la coherencia debe ser una señal de identidad de la acción del Gobierno. Las políticas de cooperación deben tender a la unidad de acción y no ser simplemente un conjunto de actividades dispersas en diferentes departamentos, avanzando hacia la consolidación de un eje transversal que impregne toda la acción de gobierno. Cuando apoyamos a nuestras empresas en el exterior debemos asegurarnos que respetan los derechos laborales reconocidos internacionalmente y que generan riqueza que beneficia a todos y no sólo a unos pocos. Y ya que nos preocupamos por los más desfavorecidos debemos reconocer el papel de ciudadanos a todos los inmigrantes e implicarlos como agentes importantes de cooperación y desarrollo.

Podemos, y debemos, tener un papel destacado, desde una perspectiva de país, en los foros internacionales proponiendo y apoyando iniciativas que beneficien al conjunto de la población mundial y encabezando un grupo de acción y compromiso con otras regiones europeas y españolas. Algunas propuestas ya se han iniciado. Otras, por el momento, se han quedado en la mera declaración de intenciones. Queremos que se nos conozca a escala internacional, sobre todo como un pueblo comprometido y solidario internacionalmente. Tenemos competencias políticas, capacidades técnicas y posibilidades financieras que no ejercemos plenamente.

La cooperación al desarrollo debe ser un signo de identidad del actual Gobierno, un reflejo de las reivindicaciones de la ciudadanía que hace ahora 10 diez años plantó sus tiendas reivindicando el 0,7% para el desarrollo y la justicia social en todo el mundo. Incrementando los presupuestos, mejorando la calidad de nuestras acciones y dando una coherencia a nuestras intervenciones, tanto nacionales como locales, lograremos que la cooperación no sea algo anecdótico, sino el reflejo de unos valores que nos permitan enorgullecernos como pueblo. Otro mundo no sólo es posible, sino necesario.

Jordi Borja, Antoni Dalmau, Pere Vilanova, Eulàlia Vintró y Joan Subirats son miembros de la ONG Cooperacció.