El fiscal pide prisión para el gerente de aguas de Málaga por unos vertidos

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga solicita una condena de dos años y cuatro meses de prisión para el gerente de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa), José Luis Rodríguez, y al director del departamento de saneamiento, José Rafael Peláez, por unos vertidos de aguas residuales desde la red de saneamiento que contaminaron el río Campanillas y provocaron la muerte de peces.

Los dos responsables de Emasa están procesados por diversos episodios de vertidos ocurridos en los años 2001 y 2002 desde la propia red de saneamiento municipal a través de un aliviadero al río Campanillas.

Según el escrito de acusación del fiscal, estos vertidos dañaron la fauna del cauce fluvial y provocaron la muerte de un "elevado número de peces". Pero además pusieron en riesgo la salud de las personas, ya que hubo filtraciones a pozos que se utilizan para el abastecimiento humano. El fiscal relata el caso de un matrimonio que sufrió episodios de gastroenteritis y que reside en un cortijo de la zona en cuyo pozo los análisis demostraron la presencia de coliformes y estreptococos fecales.

El gerente de Emasa aseguró ayer que no se considera "para nada responsable de los vertidos", y que éstos son "inevitables" por las características de la red de saneamiento.

"No hay solución"

La red de Málaga dispone de un único colector para la evacuación de agua de lluvia y el saneamiento. Según Rodríguez, por ese carácter unitario son necesarios aliviaderos en algunos puntos para que pueda evacuarse agua en casos de fuertes lluvias que produzcan un caudal de agua superior a la capacidad de las tuberías. "Si no fuera así, el agua saldría por los sumideros de las viviendas", asegura Rodríguez, quien concluye que "no hay forma de evitar los vertidos ni solución técnica posible mientras le red sea unitaria".

Según el gerente de Emasa, en la red de saneamiento de Málaga, que tiene 1.500 kilómetros de tuberías, existen 84 puntos en los que pueden ocurrir vertidos similares.

En su escrito, el fiscal sostiene que los vertidos al río Campanillas no disponían de la autorización preceptiva de la Confederación Hidrográfica del Sur y que las normas sobre aguas residuales establecen que los municipios deben dotarse de redes que "tenga presente el volumen y características de las aguas residuales urbanas y utilizando técnicas adecuadas que garanticen la estanqueidad de los sistemas e impidan la contaminación de las aguas receptoras por el desbordamiento de las aguas procedentes de lluvia". Los acusados, según el fiscal, estaban "obligados" a tomar medidas para evitar los vertidos.