Propósitos y realidades

Días atrás, publicó Rafael Blasco, en este periódico, un extenso artículo donde comentaba algunos aspectos de la Constitución europea. De la Constitución europea le preocupan al consejero Blasco, especialmente, las cuestiones relativas a la ecología y a la sostenibilidad del territorio. No podía ser de otra manera. Rafael Blasco es un hombre muy sensibilizado ante los problemas del medio ambiente, por los que muestra una constante preocupación, como pone de manifiesto en sus escritos.

En el artículo que comentamos, Blasco se felicita porque el texto de la nueva Constitución hable, de un modo explícito, sobre la protección del medio ambiente en Europa. A la hora de referirse a nuestra Comunidad, Rafael Blasco escribe que "los objetivos y criterios recogidos en la Constitución europea son metas perfectamente previstas en el documento básico de la Estrategia Valenciana de Desarrollo Sostenible que se acaba de aprobar y favorece transversalmente toda nuestra legislación, uno de cuyos ejemplos más recientes es la promulgación de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. En una Comunidad como la valenciana, donde el nivel de protección medioambiental se sitúa en el 27% del territorio y cuya riqueza natural se fundamenta en el respeto hacia un territorio que es el principal patrimonio para elevar la capacidad de desarrollo sostenible, hemos iniciado una reforma legislativa en profundidad en el ámbito territorial y medioambiental, cuyos objetivos e instrumentos podrán ser fácilmente asimilables en un futuro a la nueva normativa europea".

El mismo día que el consejero Blasco publicaba su artículo, la prensa de Alicante informaba a sus lectores de que el Gobierno de la Generalidad Valenciana había aprobado la ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes, en Altea. Dos años atrás, la propia Generalidad Valenciana había encargado un estudio para conocer las consecuencias que la ampliación del puerto tendría sobre el medio ambiente. El informe, elaborado por profesores de la Universidad de las Islas Baleares, todos ellos especialistas en el tema, resultó contrario a la ampliación. En su exposición, los científicos alertaban de los efectos negativos que las obras tendrían sobre el entorno marino. "El daño que se producirá por la ampliación del puerto aparece en conflicto con las medidas de protección establecidas por la legislación vigente, por lo que no se debería autorizar su ampliación", concluía, taxativamente, el trabajo.

En septiembre de 2003, se conocía un nuevo estudio, elaborado por el profesor Sánchez Lisano, de la unidad de Biología Marina de la Universidad de Alicante. En él se denunciaba que el decreto de la Generalidad Valenciana sobre la ampliación de los puertos deportivos "se ha elaborado sin realizar unos estudios previos sobre la verdadera incidencia en el litoral. Está poco contrastado y no se ha estudiado realmente qué lugares de la Comunidad son los más aptos para ubicar amarres. Y, precisamente, el de Campomanes no es uno de ellos".

Escribe Rafael Blasco en su artículo: "Los valencianos hemos emprendido el camino que otros aún tendrán que empezar a recorrer, pues el objetivo ha sido, y continuará siendo, hacer compatible el bienestar de las personas con el desarrollo social y económico de la Comunidad".