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Tribuna:

¿Una segunda fase de la transición democrática?

Siempre ha habido diferencias, cuando no ambigüedad, entre los españoles a la hora de datar el momento en que terminó la transición. Se habló de la fecha en que se aprobó la Constitución; otros preferían el año de la llegada de los socialistas al Gobierno, cuando tuvo lugar la alternancia en el poder. Y también hubo quien se refirió a la victoria electoral del PP como la "segunda transición", y efectivamente, corrimos el riesgo de conocer un nuevo periodo autoritario, con un Parlamento descafeinado. Por mi parte, siempre he vacilado a la hora de fijar una fecha concreta, pensando no sólo en las condiciones en que se desarrolló la transición en España, sino especialmente porque a escala mundial estábamos viviendo lo que el Club de Roma llamó la "gran transición" y ésta no podía dejar de tener consecuencias en el desenvolvimiento de nuestras instituciones. Se iniciaba una globalización que iba a afectarnos muy directamente, y así está sucediendo. Muchos de los problemas a los que nos enfrentamos actualmente tienen que ver con los caracteres nuevos que en esta fase del desarrollo mundial cobran algunos de nuestros problemas históricos.

Hay quienes se obstinan en cerrar los ojos a esta realidad, arguyendo que en 1978 quedó cerrado el periodo transitorio con una Constitución que consideran intocable. Lo pintoresco no es que existan españoles, entre los que elaboraron esa Constitución, que piensen así, sincera y honestamente, sino que los más fervorosos partidarios de la intangibilidad de su texto sean los que entonces la reprobaron duramente porque "ponía en peligro la unidad de España". Al día de hoy, yo estimo que la Constitución de 1978 es buena porque restableció los principios de la democracia y evitó, con su declaración de derechos, la infección neoliberal que comenzaba a sufrir la ideología dominante en Occidente.

Uno de los problemas más difíciles de abordar y resolver entonces fue el de la estructura política territorial del Estado. Se enfrentaban, a veces con obligada cautela, dos concepciones distintas del Estado, la federal y la centralista. Ninguna llegó a imponerse claramente. Pero en la fórmula, no decididamente determinada, del Estado de las autonomías se introdujeron ya algunos conceptos que señalaban una dirección precisa: los de nacionalidades y regiones, que encerraban un cambio histórico en la concepción del Estado y el reconocimiento de niveles distintos en el grado de autonomía. Verdad es que la célebre LOAPA, promovida por el Gobierno de Calvo Sotelo bajo el impacto del 23-F, expresión de una voluntad que se concretó en aquella frase de "café para todos", quiso ser un paso atrás, favorecedor de las tendencias centralistas.

Pasados un buen número de años se ha podido comprobar que la descentralización política ha sido un factor positivo en el desarrollo de los diversos territorios, al ponerse en juego la iniciativa de cada uno de los Gobiernos autónomos. En los territorios con un problema nacional se ha fortalecido la idea de un Estado común: España. Incluso en el proyecto llamado soberanista de Ibarretxe, por muy discutible que sea, se reconoce la existencia de dicho Estado. Los dirigentes nacionalistas admiten que si hoy se propusiera la separación, la mayoría del pueblo vasco la rechazaría. Y el proyecto que hoy encabeza el socialista Maragall reivindica un mayor papel para Cataluña en el Estado español. Por su lado, en Galicia, una personalidad como Fraga, que en su tiempo votó contra el título 8° de la Constitución, tras su experiencia al frente de la Xunta, ha evolucionado en sus posiciones autonomistas, que difieren notablemente de las mantenidas oficialmente por su partido bajo la dirección de Aznar. Cierto que subsisten diferencias importantes sobre la manera de resolver las contradicciones que bajo las coincidencias muy generalizadas de mantener el Estado español han surgido también. Y que del método y el talante con que se aborden depende que las diferencias se agiganten o se reduzcan a términos aceptables. La derecha tradicional española, animada por concepciones nacionalistas a su modo, es decir, el que inspiró a Franco y a las fuerzas que en 1936 provocaron la sublevación, el nacionalismo de "Santiago y cierra España", hace campaña a través de diversos medios de opinión tocando a rebato por la unidad de la Patria. Pero la verdad es que nunca estuvimos más cerca que hoy, tras la experiencia de las autonomías, de lograr una unidad voluntaria y consciente de lo que es España. La experiencia histórica nos enseña que cuando se quiso resolver las diferencias nacionales por la fuerza y la opresión política y cultural nos encontramos con que las diferencias resurgían con mayor fuerza y virulencia cuando se abría en España un periodo de libertad. La violencia y la represión no resolvieron nunca el problema de la unidad, sino que lo agravaron y acentuaron, haciendo de él, en gran parte, la causa de que durante largos años nuestro Estado viviera bajo regímenes dictatoriales que le mantuvieron al margen de las corrientes europeas y mundiales de progreso, provocando un retraso que hoy estamos a punto de superar.

En una época en que las estructuras políticas y económicas tienden a mundializarse, en que las fronteras comienzan a dejar de separar a unos pueblos de otros, en que los Estados ceden porciones muy grandes de su soberanía a instituciones supranacionales -tendencia que lleva camino de acentuarse-, el interés de los pueblos que componen nuestro Estado es mantener su unión para no perder peso en la nueva correlación de fuerzas que se va afirmando. Eso nos plantea la necesidad de superar los nacionalismos que nos dividen. Y el primero a superar es el nacionalismo españolista porque él es el primero que justifica y agudiza los nacionalismos periféricos. Metafóricamente hablando, desde Madrid tenemos que dar el ejemplo, tenemos que desplegar la mayor comprensión hacia las particularidades de los demás, mostrar una actitud de transigencia y de racionalidad hacia los otros.

Algunos se inquietan cuando se habla de un federalismo asimétrico como solución a los problemas nacionales, pensando que eso significa aceptar una desigualdad. Sin embargo, el concepto de igualdad que es indispensable mantener no se centra en que todas las comunidades tengan formalmente las mismas competencias. La igualdad real consiste en que todos los ciudadanos que poblamos España tengamos asegurados el mismo nivel de educación, de sanidad, las mismas pensiones de diverso tipo, el mismo subsidio de paro; en resumen: los mismos derechos sociales. Y eso se resuelve con una indispensable solidaridad entre todas las comunidades. Maragall ha sido muy claro en recientes declaraciones reconociendo que las comunidades más ricas tienen que ayudar a las menos ricas económicamente, como ya sucede hoy. Ahí está el tipo de igualdad entre los ciudadanos que hay que mantener a toda costa.

Hablar desde el centro convenientemente, como he dicho, significa también otras cosas. Hoy en España un político puede decir las mayores barbaridades, si no es catalán o vasco, y siempre conseguirá que órganos de opinión las transmitan y hasta las alaben. Pero si es vasco o catalán ya puede decir las cosas más juiciosas, que siempre habrá quien les dé la vuelta y las rechace con desconfianza. Es el caso de algunas declaraciones recientes de Maragall. Esa actitud es un obstáculo al entendimiento y habría que superarla.

Aun sabiendo que mi opinión choca con posiciones asumidas muy firmemente, no puedo disimular la extrañeza que me producen no ya la crítica al plan lbarretxe, que me parece legítima, sino la negativa rotunda a discutirle en el Parlamento vasco. Se trata de un plan presentado por un Gobierno elegido democráticamente, que está en su derecho presentándolo por las vías legales, aunque el plan fuese equivocado. ¿Por qué negarse a discutirlo y a oponerle los argumentos de quienes están convencidos de tener la razón? ¿No sería ése el mejor camino para corregirle e intentar un consenso razonable? Pues no. Se le opone a un Gobierno que actúa democráticamente la negativa a discutir siquiera con el riesgo de que esa cerrazón genere otra en los nacionalistas vascos, que podrían ganar unas elecciones en su territorio con ese plan como bandera. ¿Acaso eso facilitaría el encuentro de una solución de consenso sobre el problema vasco? Y hay que entender que en Euskadi no hay solución posible sin un consenso de los nacionalistas. La fuerza ejercida desde el centro ya no resuelve los problemas de esa índole como se intentó en otros periodos de la Historia.

En realidad, deberíamos reconocer que los problemas que hoy surgen relativos a la estructura territorial del Estado estaban ya latentes en los términos en que fue redactada la Constitución y su título 8°. Entonces era imposible, dado el peso que conservaban determinadas estructuras del franquismo, resolverlos pacíficamente. Hoy la situación ha cambiado, y los residuos ideológicos de aquel tiempo han perdido peso entre la ciudadanía, a no ser que el jacobinismo de parte de la izquierda tomase el relevo del centralismo de la derecha tradicional. Hoy es posible una reestructuración de las autonomías de tipo federal, que asegure la permanencia y la unidad del Estado español, en un mundo en que la internacionalización avanza inexorablemente.

En esta legislatura, marchar por ese camino es el desafío más importante que tiene el Gobierno de Rodríguez Zapatero, junto con la necesidad de ahondar en una política social y laica. Ése es el reto para avanzar decisivamente en la modernización de España: que Cataluña, Euskadi, Galicia y comunidades de tanto peso como Andalucía jueguen un papel, que en el pasado les fue negado, en la política del Estado español.

Ésta va a ser también una piedra de toque para la derecha española, concretamente para el PP. Más de una vez he escrito que la democracia española tenía una asignatura pendiente: la presencia de un partido conservador que asumiera resueltamente la defensa del sistema democrático, que no repitiera los tópicos de la derecha tradicional carpetovetónica que fueron un lastre histórico para el desarrollo del país. La capacidad o la incapacidad del PP para asumir ese nuevo papel es un factor importantísimo en estas circunstancias.

Si cruzamos esta nueva fase con éxito, España habrá recuperado el terreno perdido cuando hace siglos fue incapaz de realizar la revolución democrática que colocó a otros países europeos en la vanguardia del desarrollo mundial.

Santiago Carrillo, ex secretario general del PCE, es comentarista político.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 30 de noviembre de 2004