El Tribunal de Cuentas no aprecia merma patrimonial en Castro Urdiales

El Tribunal de Cuentas estatal no ha apreciado ninguna merma de patrimonio en la gestión del Ayuntamiento de Castro Urdiales entre 1999 y 2002. El máximo órgano auditor español precisa, con todo, que no ha realizado una investigación a fondo de la demanda planteada por el PP hace dos años y que sus conclusiones se basan exclusivamente en la documentación que le ha remitido el propio consistorio. La situación de la corporación cántabra también está siendo investigada por la Fiscalía de Santander por un presunto desvío de fondos de 10 millones de euros y el pago de facturas sin consignación presupuestaria por valor de más de seis millones de euros.

La actuación del Tribunal de Cuentas parte de una demanda planteada por el grupo municipal del PP en 2002, que señalaba la existencia de facturas sin consignación, ausencia de partidas de aprovechamientos urbanísticos y anomalías en la plantilla. La corporación no ha aprobado aún sus cuentas de 2000 y 2001 y las de 2002 se validaron el pasado mes junio.

La demanda del PP fue archivada en principio porque el fiscal del Tribunal adujo que un particular (en este caso, un edil popular) no está legitimado para pedir una fiscalización de este organismo, que interviene a petición del Parlamento o por iniciativa propia. Sin embargo, tras el recurso presentado por el PP, el Tribunal aceptó en marzo el inicio de actuaciones previas, según fuentes de esta institución.

En junio pasado, el organismo fiscalizador envió un escrito al Ayuntamiento en el que le solicitaba diversa documentación: una certificación de la composición de la plantilla en 1999 y sus modificaciones posteriores, incluyendo las retribuciones, una copia compulsada de las aprobaciones de complementos retributivos especiales y un listado de quienes los cobran, y las subvenciones concedidas entre 1999 y 2003, especificando sus adjudicatarios y las cantidades aprobadas. El listado incluye también los créditos bancarios prescritos desde 1999 y el listado de deudores del consistorio con la cuantía total de la deuda.

En noviembre, el Tribunal de Cuentas, a través de su unidad de actuaciones previas, llamó a declarar por un "presunto alcance", término que se utiliza para definir la merma de patrimonio municipal, al secretario del consistorio y a un representante del grupo local popular. La declaración se produjo el pasado día 16.

El auditor instructor del caso, Andreu Cueto, señaló a este diario que el informe provisional elaborado no aprecia "indiciariamente" la merma de patrimonio en la gestión de los fondos municipales. Sin embargo, precisó que la investigación se ha basado sólo en la documentación enviada por el consistorio, "sin entrar a fondo" en sus cuentas.

Actuación de la Fiscalía

El instructor asegura que el caso se puede retomar si el grupo del PP aporta más datos. "Entonces se empezaría a estudiar el fondo del asunto, lo que no se ha hecho hasta ahora", apuntó. Este auditor agregó que otra posibilidad es que, si existen nuevos datos, el Tribunal de Cuentas incluya en su plan de trabajo la fiscalización de Castro Urdiales.

Estas actuaciones se unen a las iniciadas en verano por la Fiscalía de Santander, tras la denuncia presentada por el interventor municipal, Fernando Urrutikoetxea. Las acusaciones se refieren principalmente a actuaciones de la anterior corporación, gobernada por el PSOE, pero también incluyen anomalías del nuevo equipo tripartito formado por el Partido Regionalista de Cantabria, el PP e IU.

Una de las principales denuncias es el presunto desvío de 10 millones de euros, de los que la mitad provendría de aprovechamientos urbanísticos. El interventor sostiene que el consistorio cántabro no cobra el 10% estipulado del valor de las operaciones de recalificación y que el dinero obtenido se dedica a gasto corriente en vez de a inversiones en viviendas como establece la normativa de Cantabria.

La demanda cita también el pago de facturas sin consignación presupuestaria por más de seis millones y supuestas irregularidades en la plantilla local, como nombrar arquitecto municipal a una persona "sin ningún tipo de título jurídico válido" o el nombramiento del edil de Hacienda como tesorero municipal.