Hacienda acelera el proyecto de policía fiscal

El Ministerio de Economía y Hacienda estudia crear una policía fiscal, adscrita a la Agencia Tributaria, para la lucha contra el fraude. Se trataría de un cuerpo operativo que utilice técnicas y estrategias policiales para investigar grandes bolsas de delito económico, una necesidad reclamada por distintas organizaciones profesionales y expertos desde hace largo tiempo a la vista de la sofisticación de ciertos grupos de delincuencia organizada. En un documento fechado el 4 de noviembre, la Secretaría de Estado de Hacienda propone su creación "para la investigación penal de los delitos fiscales, de contrabando, de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y falsedades documentales". La intención inicial es utilizar el personal y la experiencia del Servicio de Vigilancia Aduanera para constituir ese cuerpo, aunque el plan cuenta con resistencias de Interior, que se inclina por que un servicio de esas características esté al mando de las fuerzas de seguridad.

La experiencia de la Agencia Tributaria en actuación policial es ya muy extensa

La creación de la policía fiscal es un viejo proyecto de la Agencia Tributaria, fundada en 1992. Por entonces era secretario de Estado de Hacienda José Borrell, a quien se le acusó de haber creado un ministerio paralelo con la Agencia. Sin embargo, la policía fiscal nunca se desarrolló. Ya en 1994, el Instituto de Estudios Fiscales, en un informe sobre el fraude en España, subrayaba la necesidad de "adaptar los métodos de trabajo de la inspección tributaria, profundizando, cuando ello fuera posible, en el trabajo en equipo. En esa adaptación se deberá considerar la integración de medios auxiliares específicos y suficientes para la realización de investigaciones con técnicas policiales y de personal experto en sistemas y programas informáticos, específicamente dedicado a estas labores investigadoras".

Sin embargo, la policía fiscal nunca llegó a crearse, a pesar de que los sucesivos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, manifestaran en los planes directores de la Agencia Tributaria la necesidad de potenciar las labores de investigación en la lucha contra el fraude. Los expertos diferenciaban que, frente al modelo tradicional de inspección fiscal, había que ir a un concepto moderno, basado en la constitución de unidades de investigación. "La inspección es básicamente técnica, pericial y documental, y está sujeta a plazos. La investigación es más policial, goza de autonomía temporal y puede alcanzar zonas de fraude esquivas a la inspección", dice un estudio sobre el fraude fiscal.

La necesidad de una policía fiscal se ha convertido en una reclamación cada vez más insistente tanto por expertos como por organizaciones profesionales, a la vista de la creciente complejidad del delito económico, que no conoce fronteras. En el mismo sentido se ha manifestado la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado. En su último congreso celebrado en octubre, en un informe titulado Un modelo alternativo de lucha contra el fraude, los inspectores proponían: "La ley de lucha contra el fraude ha de contemplar la creación de la policía fiscal, ya que es necesaria la incorporación efectiva de métodos de carácter policial para la lucha contra el fraude organizado, poniendo al servicio de los órganos de investigación los instrumentos precisos para tal fin. Esta iniciativa es coherente con la experiencia de otros países de nuestro entorno que disponen de estos instrumentos". Los inspectores se quejan de que Hacienda investiga "cruzando datos de las bases de la Agencia Tributaria, lo que afecta siempre a los mismos y no investiga las grandes bolsas con el fraude más grave".

La utilización de técnicas policiales se ha demostrado muy eficaz para la desarticulación de redes de delincuencia económica. Tal fue el caso de un empresario de la construcción que usaba empresas distintas para cada obra y que cesaban su actividad cuando vendían las viviendas, lo cual dificultaba su embargo cuando se descubría el fraude. La investigación documental no estaba dando grandes resultados, porque ninguna de esas empresas estaba relacionada, al menos documentalmente. Utilizando técnicas policiales se consiguió establecer relaciones entre las nuevas y aquellas que habían cesado su actividad, y se le pudo ejecutar un embargo por sanciones impuestas a las empresas ya cesadas. En varios casos se ha investigado sobre la posesión real de propiedades que estaban a nombre de testaferros utilizados por delincuentes.

La Agencia Tributaria cuenta con un cuerpo que tiene la condición de Policía Judicial como es Vigilancia Aduanera, tradicionalmente adscrita a la lucha contra el contrabando y el narcotráfico, y entre cuyas atribuciones está "la persecución, investigación y descubrimiento del fraude fiscal y de la economía sumergida", compuesta por más de 2.000 funcionarios. Los inspectores de Vigilancia Aduanera tienen capacidad para hacer intervenciones telefónicas, cuentan con medios de vigilancia electrónica para intervenir fax, Internet, emisiones de radio, micrófonos, cuentan con microcámaras, aparatos de visión nocturna, vehículos camuflados, helicópteros y embarcaciones, algunas de ellas para actuar en alta mar. Pueden hacer detenciones y vigilancias. No pueden actuar de oficio en investigaciones de fraude fiscal, salvo que se requiera expresamente su colaboración, tanto por parte de los jueces y fiscales como de los inspectores de Hacienda. "Allá donde no llegan los inspectores, pueden llegar los agentes de Vigilancia Aduanera cuando trabajan en común", dice un experto.

Sin embargo, las instrucciones que la Agencia Tributaria ha dado en los últimos años a los delegados de Hacienda han tenido un sentido muy claro: solicitar de Vigilancia Aduanera servicios cada vez más parecidos a los de una policía fiscal. Es decir, de forma más o menos encubierta, Hacienda siempre ha reconocido la necesidad de un cuerpo de investigación policial contra el fraude. Así se aprecia en una resolución del 23 de enero de 2003 firmada por Salvador Ruiz Gallud, anterior director de la Agencia, donde se detallan las labores de colaboración que puede desempeñar Vigilancia Aduanera. Entre ellas, las de "vigilancia de locales y establecimientos", "actividades propias de la economía sumergida", "localización de bienes o activos empresariales", "investigación de personas que estén siendo objeto de una actuación inspectora", con domicilio desconocido o "seguimiento de testaferros".

Faltaba el último paso: crear la policía fiscal. "La Agencia Tributaria dispone de los medios necesarios para crear esa policía en muy breve tiempo. Le basta con utilizar a Vigilancia Aduanera y crear equipos mixtos con inspectores de Hacienda. Lo de menos es el nombre. Otra cosa es que se incorporen a ese servicio miembros de las fuerzas de seguridad", dice una fuente de Hacienda, "porque la coincidencia es unánime en estos momentos: necesitamos investigación policial para luchar contra el gran fraude". La experiencia de la Agencia Tributaria en actuación policial es ya muy extensa y tiene su punto más conocido en la lucha contra el narcotráfico. Una nota de prensa de este organismo de hace un año señalaba cómo la mitad de la cocaína incautada en 2003 había sido aprehendida por la Agencia.

La policía fiscal es una realidad en países como Italia (la Guardia de Finanzas), Holanda (el FIOD) y Estados Unidos, donde la división de investigación criminal depende del Tesoro.