Además de la ley

Cuando el año pasado se celebró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, habían muerto en España 64 mujeres. Este año han sido 60. Y por primera vez en cinco años durante casi un mes no ha habido que lamentar una nueva víctima. No es hora todavía de que se refleje en las estadísticas lo mucho que ha cambiado la situación, porque la violencia de género es un fenómeno complejo que obedece a impulsos muy arraigados en determinada forma de entender las relaciones entre sexos, y no va a ser fácil erradicarla. Pero hay motivos para celebrar que en este año transcurrido se han puesto las bases para que la situación cambie.

El endurecimiento de las penas prevista en el Código Penal, las medidas adoptadas para facilitar la tramitación de las denuncias y la mejora de los dispositivos de protección de las víctimas han comenzado a dar sus frutos. Pero el gran cambio debe venir a partir de enero con la Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad en el Congreso y que ahora se tramita en el Senado. Con ella se culminará un cambio legislativo que era urgente y cuyo debate ha sido una gran lección de democracia.

Con la ley en vigor habrá que conjurar un peligro muy frecuente en nuestra cultura: la de creer que, hecha la ley, el problema está resuelto. En absoluto. Será preciso mantener la guardia alta y vigilar muy de cerca el desarrollo del nuevo marco normativo, para corregir con rapidez las carencias que pueda presentar y evitar que la relajación permita errores judiciales como los que se han vivido recientemente con la puesta en libertad de un violador que estaba pendiente de juicio, acusado de intento de asesinato. Y habrá que evaluar también si se destinan los recursos suficientes para que pueda aplicarse en toda su extensión.

Más allá de garantizar la efectiva protección de las víctimas, habrá que aplicar también medidas para cambiar las mentalidades y promover relaciones de igualdad en las que la violencia no tenga cabida. Es importante dotar a las mujeres, desde la edad más temprana, de instrumentos educativos que les permitan identificar y evitar las relaciones de dominación, en la línea de la acertada campaña emprendida por el Gobierno catalán, que insta a los jóvenes de ambos sexos a "cortar con los malos rollos". Una vez instaurada la relación de dominación, es difícil salir de ella: ocho años tardan de media las mujeres en denunciar los malos tratos que sufren.