El fiscal militar pide tres años de cárcel para tres mandos por el 'caso Gescartera'

El fiscal jurídico militar ha pedido tres años de cárcel para tres mandos de la Armada a los que acusa de amañar certificados para enmascarar los descubiertos que los retrasos de Gescartera producían en la cuenta del Servicio de la Seguridad Social de la Armada. El escrito del fiscal explica que, entre julio de 1999 y mayo de 2001, el Servicio de Seguridad Social de la Armada, que recaudaba las cuotas de los trabajadores civiles de la Marina de Guerra, realizó diversas inversiones en la agencia de valores propiedad de Antonio Camacho por un mínimo de 60 millones de pesetas (360.607 euros) y un máximo de 475 millones (2,8 millones de euros).

"Diversas inversiones, con vencimientos a fecha fija, sufrieron retrasos en su reintegro y generaron descubiertos en la cuenta corriente que el Servicio de la Seguridad Social de la Armada tenía en la cuenta del BBVA", según el relato del fiscal militar. Éste agrega que, "a fin de ocultar la realidad de tales retrasos y de los descubiertos", los tres mandos, "de común acuerdo, decidieron elaborar unos certificados de conciliación bancaria en los que incluyeron como recibidas las cantidades que Gescartera debía al Servicio de la Seguridad Social de la Armada".

El escrito asegura que el coronel de Intendencia Ceferino Portal, jefe central del servicio, no dio cuenta a sus superiores ni al consejo directivo "de los retrasos y descubiertos anteriormente citados", por lo que le considera responsable de un delito de deslealtad, "consistente en haber dado a sabiendas información falsa en asuntos del servicio".

La misma conducta imputa a sus dos subordinados -el comandante de Intendencia Alfonso Francisco Torán, jefe del Servicio Económico Administrativo, y el teniente de Intendencia Francisco Chana, tesorero-, a pesar de que éstos no pudieron ser desleales con su superior, que era el propio coronel acusado.

El fiscal pide para cada uno de los tres mandos una condena de tres años de cárcel, multa de seis meses por valor de 230 euros e inhabilitación especial, con las accesorias de suspensión de empleo y derecho de sufragio pasivo. Pese a ello, reconoce que todas las cantidades invertidas en Gescartera fueron recuperadas, "no ocasionándose perjuicio económico para el Servicio de Seguridad Social de la Armada".

El fiscal considera que los hechos relatados son constitutivos de un delito de deslealtad, previsto en el Código Penal Militar, pero los califica, "por imperativo legal", como delito de falsedad documental, castigado por el Código Penal común.

Está previsto que la vista oral por este caso tenga lugar en el Tribunal Militar Central de Madrid a principios del próximo año, con toda probabilidad antes de que se celebre en la Audiencia Nacional el juicio por el caso Gescartera, cuyos responsables están acusados de defraudar más de 100 millones de euros.