¿La 'doctrina Fungairiño'?

El 12 de abril de 2002, los Gobiernos de Estados Unidos y España difundieron una declaración conjunta en la que daban por hecho el derrocamiento de Hugo Chávez, y pedían que "la excepcional situación" de Venezuela "conduzca en el plazo más breve a la normalización democrática más plena y sirva para lograr un consenso nacional y la garantía de las libertades fundamentales". Fuentes solventes dijeron ayer en Washington a este periódico que cuatro países a los que se sometió el texto decidieron no firmar: México, Brasil, Argentina y Francia.

El canciller mexicano de la época, Jorge Castañeda, acérrimo enemigo de Chávez, explicó, según esas fuentes, que la declaración suponía alimentar la sospecha de que se apoyaba la conspiración golpista desde el exterior.

Miguel Ángel Cortés, entonces secretario de Cooperación con Iberoamérica, ha explicado que este texto fue pactado por él mismo y su homólogo en el Departamento de Estado norteamericano, Otto Reich, tras cinco o seis llamadas por teléfono.

Esa misma tarde del día 12, hora de Caracas, juraba como presidente provisional Pedro Carmona, quien en sus primeros actos disolvió por decreto el Parlamento y el Tribunal Supremo.

El ex secretario Cortés ha señalado que se cursaron instrucciones al embajador español, Manuel Viturro, para que éste acudiera el 13 de abril, junto al embajador norteamericano, Charles Shapiro, a reunirse con la autoridad de hecho de Venezuela, esto es, Carmona. Según Cortés, esto no suponía un reconocimiento del nuevo Gobierno.

En rigor, ni en este cambio de régimen ni en otros se planteaba el reconocimiento formal del nuevo Gobierno como tal. Por una sencilla razón: no había habido, por así decir, un "desconocimiento" previo o ruptura. España, como una mayoría de miembros de Naciones Unidas, practica la llamada Doctrina Estrada. La relación es con un país, no con su Gobierno. Continúa, pues, la relación.

El problema de la conducta del Gobierno de Aznar no está, por tanto, en este presunto reconocimiento, sino en otras dos cuestiones. Primera, la falta de pronunciamiento de las autoridades españolas ante un golpe de Estado que alteraba la situación constitucional; segunda, la ausencia de crítica al primer decreto del nuevo Ejecutivo a través del cual se suspendían el Parlamento y el Tribunal Supremo.

Es curioso: en 1997, el fiscal Eduardo Fungairiño justificó los golpes de Estado en Argentina y Chile porque pretendían restablecer en breve el orden constitucional.

El Gobierno de Aznar actuó en Venezuela junto a Washington, pero separándose de la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos, con quienes mantenía excelentes relaciones de Estado y personales.