La Abogacía del Estado y la Fiscalía se querellan contra el ex delegado de la Zona Franca de Cádiz

La Abogacía del Estado y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas del Estado han interpuesto conjuntamente un procedimiento de enjuiciamiento contable y penal por presunta responsabilidad en varios delitos contables contra el ex delegado de la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, del PP, a quien exigen que devuelva íntegramente los 606.000 euros de gastos en viajes, hoteles, restaurantes, regalos, asesorías y mediante tarjetas de crédito que no justificó durante su gestión al frente del recinto fiscal gaditano, dependiente del Ministerio de Hacienda y que preside la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez.

La denuncia presentada para el "resarcimiento del dinero público" incluye además una "posible derivación penal", con posibles penas privativas de libertad, según informaron ayer a este periódico varios letrados de los organismos denunciantes.

Estos mismos abogados explicaron que esta denuncia judicial se presentó hace dos semanas para la devolución íntegra del dinero injustificado. Este procedimiento de responsabilidad contable es previo a la querella penal, para evitar que si se le acusa penalmente se paralice el procedimiento contable. "En estos casos lo que interesa es determinar qué cantidad de dinero tiene que devolverse y una vez que se culmine el procesamiento de enjuiciamiento contable, el Tribunal de Cuentas y la Abogacía del Estado pedirán las responsabilidades penales que proceda", detalló uno de los letrados.

Este doble proceso contable y penal contra Rodríguez de Castro se produce siete meses después de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas actuara de oficio el pasado mes de marzo y abriese una investigación preeliminar sobre los indicios de varios supuestos delitos contables en la gestión de este alto cargo del PP -vinculado políticamente a Teófila Martínez- al frente de la Zona Franca de Cádiz entre los años 1997 y 2000. La Fiscalía comenzó a investigar a raíz de un informe del propio Tribunal de Cuentas que denunció que el ex delegado gastó durante su mandato, 606.000 euros de los fondos de este organismo sin que justificara su destino.

El Tribunal de Cuentas detalló que este dirigente cargó 330.000 euros en gastos a tres tarjetas de crédito por cuenta del Estado. Asimismo, se transfirieron al delegado 132.000 euros en efectivo en compensación de gastos sufragados por él pero "sin que la dirección del Consorcio aportara a los servicios financieros los correspondientes justificantes de gasto". Además, Rodríguez de Castro pasaba de forma habitual facturas sin justificar correspondientes a hoteles, coches con chofer y a viajes a Sao Paulo (Brasil), Lima (Perú), Buenos Aires (Argentina), Puerto Rico, Ciudad de México, Panamá y China. Denuncia el Tribunal que algunas de esas facturas se pasaron dos veces a su cobro. Este dirigente contrató con empresas privadas ajenas al Consorcio de la Zona Franca labores de administración y asesorías por las que cobraron 144.000 euros "sin que se haya aportado ningún documento que desprenda la utilidad o rendimiento que le reportó esta contratación".

Otros pagos

El Estado pagó, además, el alquiler de la vivienda del delegado y el sueldo y la Seguridad Social de su empleada del hogar entre 1997 y 2000. Al firmar el finiquito tras su dimisión, Rodríguez de Castro incluyó 11.000 euros "de cuya aplicación", según el Tribunal de Cuentas, "estaba expresamente excluido el delegado".

Por otra parte, según informó Europa Press, el despacho de abogados que representa a la empresa Miami Free Zone solicitó ayer una "rectificación inmediata" al delegado de la Zona Franca de Cádiz, José de Mier, por "afirmaciones confusas y falta de veracidad que pueden causar un daño irreparable al nombre de la compañía". De Mier anunció que está investigando cómo se adjudicó un contrato de 4,2 millones de euros a una empresa que, según los técnicos de la Zona Franca, incumplió numerosos preceptos del pliego de condiciones y participó en un proyecto informático que no existe.

Según el despacho de abogados de Miami Free Zone, "esta sociedad participó en un concurso público en 1999 por un montante de 4,2 millones de euros, basado en un informe de las necesidades de Rilco y presentó una oferta de acuerdo con los requisitos del pliego, resultando adjudicataria de la misma. Además, Rilco aceptó y recepcionó el trabajo de Miami, así como certificó su satisfactoria conclusión".