El órgano consultivo del Gobierno tendrá competencias sobre los ayuntamientos

La Comisión Jurídica Asesora, el máximo órgano consultivo de Euskadi, tendrá competencias también sobre los ayuntamientos, que deberán someter a su dictamen, entre otros asuntos, los conflictos en defensa de la autonomía local que puedan plantearse. La oposición cuestiona que el Ejecutivo nombre a todos sus miembros y que el presidente y vicepresidente sean dos altos cargos gubernamentales, por considerar que no está garantizada su independencia. Los municipios reciben ahora los informes de legalidad del Consejo de Estado. La ley se debate en pleno el miércoles.

La oposición salió derrotada ya por el tripartito en el debate de comisión en su intento por conformar un órgano independiente del Gobierno, o al menos de composición mixta, como garantía de autonomía, imparcialidad y objetividad.

Populares y socialistas insisten en ello con varios argumentos, entre otros que mientras la comisión actual sólo informa proyectos del Gobierno, su conversión en Comisión Jurídica Asesora de Euskadi le otorgará competencias sobre otras instituciones y entes públicos, entre ellos los ayuntamientos. El proyecto deja expresamente fuera del ámbito de actuación del nuevo ente consultivo a las tres diputaciones.

El presidente de la asociación municipal Eudel, el peneuvista Karmelo Sainz de la Maza, no quiso pronunciarse sobre el contenido de la ley ni evaluar su repercusión para las administraciones locales. En medios municipales parece extendida la desinformación o la confusión sobre el proyecto.

Un portavoz de Sainz de la Maza aseguró a este periódico que Eudel ni ha sido consultada ni conoce el proyecto. El Gobierno, por su parte, y así consta en la memoria enviada al Parlamento con el texto legal, asegura que el proyecto sí fue remitido a la asociación municipal y que, además, "se han incorporado el 98% de las sugerencias recibidas", según un portavoz de Vicepresidencia.

La misma fuente de Eudel señaló con posterioridad que la consulta sí fue realizada, pero precisó que ello ocurrió "hace mucho tiempo, quizá cinco años". Finalmente, Sainz de la Maza se negó a responder a la petición de este periódico para que comentase las implicaciones del proyecto de ley para las corporaciones locales, pese a que entre las materias que se tendrán que someter a su informe se encuentran los conflictos que se presenten en defensa de la autonomía municipal.

Otros asuntos que los ayuntamientos tendrán que llevar obligatoriamente a informe sonla alteración de los términos municipales, la nulidad o resolución de contratos y concesiones administrativas o las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial cuando la cantidad demandada sea igual o superior a los 6.000 euros.

Los consistorios estarán obligados a prestar su colaboración si se lo demanda la Comisión Jurídica Asesora y a facilitarle los informes que solicite para poder realizar su trabajo. Los asuntos que dictamine no se someterán después a la consideración de ningún otro órgano, según prevé la ley.

El debate del proyecto en la comisión parlamentaria concluyó el pasado 4 de noviembre con celeridad tras constatarse la imposibilidad de un acuerdo de fondo en el trámite de ponencia. Tanto los socialistas como el PP mantienen sus enmiendas para la discusión en pleno, que puede programarse ya en cualquier momento.

Presidente nato

Ambos grupos de la oposición se oponen al modelo de órgano consultivo que quiere consagrar el Gobierno, con todos sus miembros designados por el Ejecutivo y que deja fuera de su alcance cometidos importantes que tienen los órganos similares de casi todas las demás comunidades, como dictaminar los proyectos de reforma estatutaria. Los populares quieren que se cree una comisión totalmente externa al Gobierno, mientras que los socialistas piden que su composición sea mixta, con sus componentes elegidos a medias entre el Gobierno y el Parlamento.

Los dos grupos rechazan también que el secretario general de Régimen Jurídico y el director de Desarrollo Legislativo y Control Normativo, dos altos cargos de Vicelehendakaritza, el departamento que actualmente encabeza Idoia Zenarruzabeitia, vayan a ser respectivamente presidente y vicepresidente natos de la Comisión.

El PSE y el PP estiman que un órgano que debe informar sobre la legalidad de los proyectos del Gobierno y también, a partir de la aprobación de esta ley, de actos de otras administraciones, debe tener su independencia e imparcialidad de todo punto salvaguardadas. Consideran que no lo están si lo integran funcionarios que son altos cargos del Gobierno y su nombramiento queda en manos de Vicelehendakaritza, que tiene la potestad de proponerlos al Consejo de Gobierno, y de la que son subordinados a la vez.

También creen que su objetividad debe ser diáfana pues en adelante deberán dictaminar actuaciones de los ayuntamientos, a los que puede plantearse la duda de si quienes emiten los informes actúan de modo plenamente independiente o al servicio de otra administración con la que pueden eventualmente entrar en conflicto.