La huerta inmobiliaria

Hay un ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) imputado por prevaricación junto a otros altos cargos del mismo organismo, importantes empresarios murcianos investigados por la fiscalía y procesados por delito ambiental, una nueva Ley Regional del Suelo recurrida por el Grupo Socialista en el Congreso ante el Tribunal Constitucional por la desprotección de 15.000 hectáreas de espacios naturales, un montón de terrenos recalificados como suelo urbanizable, cerca de 200.000 viviendas proyectadas y numerosas obras pendientes de la decisión de los tribunales, además de múltiples pozos precintados por extracciones ilegales de agua... ¿Qué está pasando en Murcia?

Hay dos bandos claros: el Gobierno de Murcia, y la Confederación y los grupos ecologistas

La guerra está abierta y los bandos están claros. De un lado, el Gobierno regional (PP) demandando más tierras para implantar un modelo de desarrollo turístico y más agua. ("Es absolutamente rechazable e inadmisible que la escasez de agua sea interesadamente vinculada a la creación de campos de golf o a la construcción de nuevas urbanizaciones", puntualiza la Oficina de Prensa del Gobierno regional). Y de otro lado, la Confederación -que depende del Gobierno central-, dosificando el agua, y los combativos grupos ecologistas, que defienden los espacios naturales.

Es sabido que en la Región de Murcia (1,3 millones de habitantes y 11.000 kilómetros cuadrados) se libra una importante batalla por el agua, pero no son tan conocidos los entresijos de este enfrentamiento. El nuevo modelo que se persigue consiste, dicho en pocas palabras, en que, en vez de plantar tantas lechugas, se van plantar más viviendas y hoteles y campos de golf. Pero todo adolece de lo mismo: no hay agua. Los que defienden el nuevo modelo argumentan que no hace falta tanta agua y los detractores se quejan de que, si ya hay una falta, todo lo que sea incrementarla es arriesgado.

"Lo que nos está pasando es increíble", dice el consejero de Turismo, José Pablo Ruiz Abellán,ideólogo de la ordenación del litoral. "Queremos hacer una actuación turística emblemática, con el mínimo de edificabilidad, obligando a los ayuntamientos a que reserven el 25% de su suelo urbanizable para uso turístico y respetando los 500 metros de distancia de la costa para construir, y no nos dejan arrancar. Esta región tiene derecho a crecer. El turismo en Murcia supone sólo el 8% de PIB y nuestro objetivo es alcanzar la media nacional del 12%, ¡y no tenemos ni aeropuerto!", se queja.

Y agua no caerá ni una gota, pero las críticas de los críticos del PHN y de los colectivos ecologistas les han llovido por doquier. "Quieren el agua para hacer campos de golf"", dicen los primeros; "Están acabando con la riqueza ecológica en beneficio de cuatro empresas inmobiliarias", alegan los ecologistas, que han llegado a ir a Bruselas y han conseguido paralizar algunos de los desarrollos urbanísticos previstos.

Murcia es una región que ha basado históricamente su economía en la agricultura. La huerta murciana supone entre un 18% y un 22% de las exportaciones hortofrutícolas de España. Son 192.000 las hectáreas de regadío, aunque desde la Consejería de Agricultura se insiste en que por la escasez de agua sólo se riegan unas 160.000.

Y la clave concreta de la gran polémica actual es que, para llevar a cabo esta reorientación del modelo de desarrollo de la región, el Gobierno ha aprobado una controvertida Ley del Suelo, que equipara los espacios naturales a los denominados Lugares de Interés Comunitario (LIC) reconocidos por la UE y modifica los límites de los que existían anteriormente, desprotegiendo 15.000 hectáreas (el equivalente a 15.000 campos de fútbol). Y, a continuación, han elaborado unas directrices de "ordenación del litoral" que, bajo el eufemismo de "Actuaciones de Interés Regional" (AIR), recoge toda una serie de proyectos inmobiliarios.

"El problema está en el cultivo de viviendas", sentencia Manuel Aldeguer, comisario de Aguas, aludiendo a la eclosión urbanística que vive la región. "Se están haciendo segundas residencias sin que haya una dotación prevista de agua y sin el informe preceptivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente encargado del abastecimiento urbano de 75 municipios), y se recalifica sin parar", agrega Aldeguer.

Y el Consejo Jurídico Regional le ha dado la razón al elaborar un informe sobre las directrices del litoral que, aunque no es vinculante, las desaprueba por considerar que el desarrollo no es tanto turístico como inmobiliario. Es decir, que se proyectan más segundas viviendas que complejos turísticos.

La ley dice que el consumo humano es prioritario y esto ha supuesto, según datos de la Confederación, que con el crecimiento urbanístico ya se han llegado a utilizar hasta 30 hectómetros cúbicos de la cuenca del Segura sin que se hayan reemplazado. Y, por eso, los regantes, que creen que el agua es suya, están que trinan: "Puede que se gane mucho más dinero plantando casas que naranjos, pero es pan para hoy y hambre para mañana", decía Francisco del Amor, uno de sus representantes.

"Pero no es bueno que todos los huevos se pongan en la misma cesta", contraargumenta Antonio Cerdá, el consejero de Agricultura y Agua. "Nosotros también tenemos derecho al desarrollo de otros aspectos que no sean la agricultura. Y el agua, desde la Ley de Aguas de 1985, es un bien público (ya no pertenece al dueño de la tierra en que se encuentra). Los recursos tienen que ir allí donde son necesarios. Murcia pide agua pero también está soportando un oleoducto a Puertollano (Ciudad Real) y una red de Gas Natural en Cartagena de los que se benefician muchas comunidades del interior de España. Lo que le da sentido a un país es la intersolidaridad. Además, el agua se paga", añade.

Y en esto último tiene toda la razón. Pagarse se paga, y bien. La escasez de un bien siempre permite especular a quienes lo poseen. En 1986 se decidió por el real decreto 3/86 no dar más concesiones de agua para la ampliación de cultivos y sus zonas de riego ante la "sequía estructural". Sin embargo, desde entonces hasta hoy, la superficie de regadíos ha crecido en 30.000 hectáreas, 12.000 de las cuales han sido recientemente recalificadas como urbanizables, según datos de la Confederación. Y si no ha habido concesiones de agua, ¿cómo se han regado todas esas nuevas hectáreas de cultivo? Las respuestas, de nuevo son contradictorias.

Técnicos de la Confederación aseguran que hay un voluminoso e histórico mercado negro de agua obtenida desde pozos ilegales que podría alcanzar los 200 metros cúbicos anuales; unos 60 millones de euros.

La ecuación que describen es muy simple: poderosos empresarios crean la infraestructura para extraer el agua en grandes cantidades y la venden a pequeños agricultores de la zona o convierten tierras de secano en tierras de regadío que vuelven a vender apropiándose de la plusvalía correspondiente. El negocio es redondo: a unos les sale gratis y otros la pagan a precio de oro. A dónde va ese dinero negro o cómo se blanquea es ya materia de investigación fiscal. En la Consejería aseguran que pueden existir casos puntuales de extracciones ilegales, pero alegan que no es una práctica generalizada, y que sencillamente el trasvase del Segura se ha ido optimizando con los años.

Todas estas fricciones se han ido agudizando desde la llegada del PSOE a La Moncloa, tras las elecciones del 14 de marzo. Primero, porque el partido socialista derogó la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y el trasvase del Ebro aparejado, algo que los murcianos esperaban como agua de mayo, y nunca mejor dicho, para paliar el déficit de 456 hectómetros cúbicos de agua (360, según la Confederación) de la región.

Se calcula que Murcia consume anualmente unos 1.500 hectómetros, la mayoría en tierras de regadío. Pese a todo, son mayoría los murcianos que están convencidos de que ese plan se llevará a cabo antes o después. En los despachos de la Consejería de Aguas y Agricultura, que dirige Antonio Cerdá (PP), hasta hace tres meses también consejero de Medio Ambiente, pueden verse mapas enmarcados del trazado previsto para el PHN con un eslogan que reza: "Lo que pudo ser y no fue... pero será". Y de balcones de toda la ciudad cuelgan pancartas con el ya famoso "Agua para todos".

El nuevo modelo de desarrollo que seguirá esta región levantina está por ver. Desde la oposición se asegura que el planteamiento del Gobierno regional es "insostenible". "Está cayendo en contradicciones similares a los desarrollos turísticos de los años 50 y 60, queremos un desarrollo que garantice la calidad y el futuro", argumenta la portavoz socialista en la Asamblea regional, Teresa Rosique.

Los grupos ecologistas ANSE (Asociación de Naturalistas del Sur Este) y Ecologistas en Acción aseguran que existen alternativas al desarrollo de la región mucho más respetuosas con el medio ambiente y no cesan de poner denuncias. De hecho, su persistencia es la razón de que gran parte de los grandes proyectos se encuentren paralizados pendientes de una decisión de los tribunales. Parece, por tanto, que el final de esta historia lo pondrán los jueces y los fiscales a golpe de sentencias.