Vuelta a las barricadas

Cuando un problema económico de cierta envergadura no se resuelve de manera clara en poco tiempo, tiende a enconarse hasta que se hace imposible su resolución pactada. El caso de los astilleros públicos Izar es un ejemplo. El Gobierno propuso una solución inicial razonable: segregación del grupo en astilleros militares -sostenidos por capital público- y civiles, para los que habría que buscar financiación privada y que, lógicamente, deberían asumir recortes de plantilla para recomponer su viabilidad. Los sindicatos utilizaron como arma de presión la algarada para evitar que Izar dejara el paraguas estatal, y consiguieron que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), titular del capital público de los astilleros, avalara una propuesta distinta: un holding participado por la SEPI gestionaría los astilleros, divididos en una sociedad pública para los militares y otra privada, con participación casi mayoritaria de las cajas de ahorro, para los civiles. En este plan, presentado a la Comisión Europea, Izar seguía de hecho bajo tutela pública.

Pero Bruselas ha dicho no. Las cajas son entidades de derecho privado, sí, pero bajo control público, y tal circunstancia invalida el plan SEPI-Sindicatos. De forma que la situación es hoy peor que la anterior al 19 de octubre, fecha de la firma del acuerdo entre ambas partes, porque el tiempo no se ha detenido, no hay solución a la vista y el 1 de enero Izar entrará en causa de disolución societaria. Todavía debe citarse un nuevo factor de agravamiento. Los sindicatos entienden que la SEPI ha actuado de forma desleal, porque estaría utilizando la negativa de la Comisión Europea para imponer el plan que prefiere, que es el de la segregación y privatización del sector civil.

No es descartable que la SEPI esté utilizando la táctica de cerrar todas las puertas que no sean las del plan inicial para llevar a los sindicatos a una firma obligada. Pero también es cierto que la Comisión Europea ha repetido en numerosas ocasiones que no aceptará componendas que disfracen ayudas públicas. Mientras, los trabajadores han vuelto a la agitación urbana y a las manifestaciones. La situación se asemeja cada vez más a un típico callejón sin otras salidas que el plan inicial de segregación o la disolución pura y simple de Izar. ¿No debería utilizarse el poco tiempo disponible en articular de la mejor manera posible la segregación empresarial de Izar, en lugar de enzarzarse en la elaboración de planes sin futuro y sin presente, como el que ha rechazado Bruselas?