La protesta de los trabajadores de Izar causa un corte de 9 horas en la vía ferrea de San Fernando

Las negociaciones entre los sindicatos y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre el futuro de los astilleros públicos integrados en Izar parecen haber llegado a un callejón sin salida. Y los trabajadores de las factorías de San Fernando (Cádiz) y Sevilla llevaron ayer su malestar a la calle, aunque el tono de su reivindicación fue muy distinto. Mientras en la capital hispalense hubo una marcha sin incidentes hasta la Subdelegación del Gobierno, los trabajadores de San Fernando levantaron barricadas en la autovía CA-33 y causaron diversos destrozos en la vía férrea Cádiz-Jerez, que impidieron durante nueve horas la circulación de trenes de cercanías y regionales.

Tras celebrar una asamblea a las 8.00, los empleados de la factoría de San Fernando optaron por salir a la calle, por segundo día consecutivo, para rechazar el veto de Bruselas a las intenciones de la SEPI y para reclamar una negociación directa con el Gobierno, que permita que la factoría isleña vuelva a ser considerada militar, tal y como habían conseguido los sindicatos en las negociaciones que ahora han quedado paralizadas. Según explicó ayer, el presidente del comité de San Fernando, Francisco Fernández Lucas, "la SEPI no puede escudarse en la Comisión Europea para dar un paso atrás". El representante de los trabajadores cree que fue la lucha de los empleados y vecinos la que consiguió que San Fernando fuera admitida, finalmente, en el área militar.

La SEPI pretendía imputar al área civil la devolución de ayudas públicas que exige Bruselas, lo que llevaría a la disolución de Izar, y a partir de ahí crear un holding que integraría a la parte civil y militar. Pero la Comisión Europea rechaza la propuesta de que las cajas de ahorros asuman un 21% de la parte civil como sector privado (para Bruselas, el control de las cajas es público) y cree que se ha sobrepasado el límite de incorporación de astilleros civiles al área militar.

Los trabajadores isleños mantendrán la semana que viene las protestas, que ayer volvieron a recrudecerse. La plantilla del astillero de San Fernando ocupó la autovía CA-33 durante casi dos horas. Una veintena de manifestantes prendió fuego a tres barricadas en las que arrojaron rastrojos, contenedores de basura e, incluso, un coche abandonado. El tráfico pudo restablecerse una hora después de retirarse los empleados.

Lo más grave ocurrió en la vía del tren. Algunos encapuchados quemaron sobre la vía varios objetos. Según Renfe, 125 traviesas quedaron inutilizadas, por lo que fueron necesarias casi nueve horas, desde las 8.30 hasta las 17.10, para que el tráfico ferroviario pudiera restablecerse. A estos destrozos, se añadió el corte de suministro de luz en la vía causado, según la compañía, por un sabotaje después de que fueran depositados sobre el tendido eléctrico unos pesos, que provocaron un cortocircuito. La interrupción del servicio afectó a una veintena de trenes entre Jerez y Cádiz.

Los trabajadores de Izar en Sevilla concentraron sus reclamaciones en la falta de carga de trabajo. En los astilleros hispalenses sólo queda un ferry argelino en construcción, que Izar quiere trasladar a Cádiz el próximo 10 de diciembre para adelantar la fase de acabado y prueba. "Nosotros queremos trabajar, a nadie le gusta estar protestando, pero este problema no hay quien lo pare", indicó Ignacio Sánchez, presidente del comité de empresa de Sevilla, tras reunirse con el subdelegado del Gobierno, Faustino Valdés. Los 360 empleados de Izar y los 700 trabajadores de las subcontratas tienen previsto empezar una huelga en los próximos días en protesta por la situación.

Margen de negociación

"Hay una fecha tope, que es el 1 de enero [para la devolución de las ayudas], pero estoy convencido de que hay margen de negociación y de que hay que seguir a pesar de las dificultades", mantuvo el presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien sostuvo también que esa negociación debe seguir en manos de la SEPI y los sindicatos. Sobre las protestas de los trabajadores, Chaves recalcó que "el mobiliario urbano no es de la Junta de Andalucía ni del Gobierno central, sino de todos los ciudadanos". "Una conexión entre los trabajadores y la ciudadanía les debería de llevar al respeto a ese mobiliario", dijo Chaves, quien reconoció "la legitimidad de las movilizaciones que puedan hacer los trabajadores".