Mohamed VI impone la modernización de los partidos bajo un estricto control

El rey Mohamed VI ha decidido intentar atajar uno de los males endémicos que padece el sistema político marroquí: la existencia de una multitud de partidos sin apenas arraigo que sirven a sus dirigentes para ocupar cargos en ayuntamientos, cámaras parlamentarias o en el Gobierno. El Ministerio del Interior ha remitido al Parlamento un proyecto de ley que supone un auténtico electrochoque para las fuerzas políticas, que se verán obligadas a renovarse o a desaparecer. La iniciativa prohibirá también que un partido haga del islam su bandera.

Hassan II y su ministro del Interior, Driss Basri, lograron en los ochenta la complicidad de las formaciones políticas tradicionales y fomentaron la creación de otras muchas, los llamados "partidos de la Administración". Les era más fácil gobernar con una clase política fraccionada, domesticada y corrupta.

Cinco años después de la muerte del padre del actual monarca, la mayoría de los 36 partidos políticos legales siguen siendo clubes de amiguetes sin apenas vínculos con la sociedad, que evitan celebrar congresos y cuya financiación es opaca. Ni siquiera los socialistas, que pasaron más de una década sin reunir su congreso, se libran de este anquilosamiento.

La única formación equiparable en cierta medida a las europeas es paradójicamente el Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD). Estos islamistas moderados sí cuentan con militantes a los que pueden movilizar, y celebran congresos en los que se debate.

Discurso real

Mohamed VI había dado a los partidos algunos toques de atención, pero en su discurso inaugural de la última sesión parlamentaria fue más explícito: "El desarrollo, la democratización y la modernización [del país] requieren la mejora y el fortalecimiento de las estructuras de intermediación política", que deben practicar la democracia interna.

Para lograr esta mejora encargó al Ministerio del Interior que remitiese al Parlamento un proyecto de ley de partidos. Constituye, según el soberano, "un marco adecuado que permitirá al partido político asentar su legalidad jurídica en su legitimidad democrática".

En Marruecos el proyecto supone un auténtico acicate. Para poder crear un partido debe contarse con no menos de mil miembros fundadores repartidos por al menos la mitad de las regiones. En su congreso constitutivo deben participar al menos 1.500 delegados que aprobarán entonces un programa, unos estatutos y elegirán a sus órganos directivos en los que habrá cuotas para mujeres y jóvenes.

El Estado seguirá contribuyendo a los costes de las campañas electorales y además subvencionará a los partidos políticos -que no podrán recibir financiación desde el extranjero- en función de su representación parlamentaria. A cambio, la contabilidad de los partidos será fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, al que en algunas ocasiones se añadirán un magistrado del Supremo y representantes del Ministerio del Interior.

La función de este departamento es el lado más polémico de la iniciativa legislativa. Será el encargado de velar porque los partidos no cuestionen a la monarquía ni la integridad territorial -la pertenencia a Marruecos del Sáhara occidental- y que no tengan tampoco carácter religioso, regional o lingüístico.

Interior dará el visto bueno a la creación de un partido y también podrá suspenderlo si incumple la ley por un periodo de seis meses, o incluso disolverlo por decreto.

La clase política ha acogido de mala gana el proyecto no sólo a causa de los desmesurados poderes que atribuye a Interior, sino porque le obliga a renovarse. Como la iniciativa parte del monarca el texto apenas será, sin embargo, enmendado en el Parlamento.

Curiosamente los islamistas son los que ven la iniciativa con mejores ojos. Cumplen los requisitos que prevé y no se consideran una formación religiosa. "Somos algo equivalente a lo que es la democracia cristiana en Europa", repiten. "La ley va a desencadenar una dinámica democratizadora interna en los partidos", vaticinó Saadedin el Otmani, líder del PJD, en una conversación con este periódico. "Lo peor es que en muchos aspectos Interior sustituirá a los tribunales", se lamenta, sin embargo, Lahcen Daoudi, otro dirigente islamista.