Autopsias 'light'

Cuantos más elementos emergen sobre la catástrofe del Yakovlev 42 y las derivaciones del accidente aéreo en el que murieron 62 militares españoles y los 13 tripulantes en mayo de 2003, en Trabzon (Turquía), cuando regresaban de su misión en Afganistán, más irritación tienen que provocar en los familiares de las víctimas las negligencias, improvisaciones y mentiras de quienes política y administrativamente se encargaron del alquiler del deficiente avión ucranio, así como de la repatriación de los cadáveres. Y en esa culpa alguna cuota tiene el ex ministro de Defensa y diputado del PP Federico Trillo-Figueroa.

Las declaraciones de dos de los cuatro imputados, el general de división Vicente Navarro y el teniente general José Antonio Beltrán, producen sonrojo por su desarmante sinceridad al reconocer que el proceso de identificación de los cuerpos fue menos que somero. Navarro ha manifestado ante la juez Palacios, que investiga el siniestro, que se limitó a cumplimentar una serie de "autopsias light". En otras palabras, que hubo un mero reconocimiento ocular de los cuerpos y se asignaron identidades a partir de características como uniformes, galones, insignias u otros distintivos.

Los imputados niegan, pese a todo, que hubiera improvisación, y menos aún precipitación en el examen y traslado a España. Y si hay que echar las culpas a alguien, siguen apuntando al lado turco y a problemas de idioma en el acta de repatriación. Otro de los imputados, el capitán médico Miguel Ángel Sáez, ha admitido, no obstante, que la expedición forense no estaba bien preparada ni contaba con medios materiales. No se tomaron muestras de ADN, en contra de lo que se dijo en un principio ¿A qué fueron entonces hasta Turquía? El resultado es bien sabido: las 30 identificaciones realizadas por el equipo médico español sobre el terreno fueron erradas; las 32 practicadas por las autoridades turcas, correctas.

Navarro y Beltrán han sido apartados del servicio y pasados a la reserva. Beltrán fue ascendido anteriormente y destinado a un puesto en el exterior, muy bien remunerado. El primero, que afirma haber destruido las notas sobre la identificación de las víctimas, parece decidido a asumir toda la responsabilidad, y sobre todo a exonerar de cualquier sospecha a Trillo-Figueroa. Éste expresó su pesar en su día a los familiares, pero insiste en que desconoció prácticamente todo lo que rodeó a la desgracia -nada sabe sobre el informe del servicio de inteligencia del Ejército sobre el riesgo del avión- y alega no sentirse, por tanto, responsable. Habrá que preguntarle ahora si tampoco tuvo conocimiento de que su departamento fue informado poco antes del funeral de que 30 de los cadáveres estaban siendo repatriados sin identificar, como ha señalado a la juez el comandante auditor que participó en los trámites del traslado.