Los expertos piden para los municipios la gestión de los servicios sociales

Los ayuntamientos, y no la Generalitat, deben llevar la iniciativa y la gestión de los servicios sociales, las ayudas a las familias y la organización de los servicios para ancianos y personas incapacitadas. Así lo recomiendan los miembros del comité de expertos que el Departamento de Bienestar y Familia ha escogido para asesorarse con vistas a la redacción de la ley de servicios sociales.

Actualmente, sólo los municipios de más de 20.000 habitantes tienen competencias para gestionar los servicios sociales de su población. Aun así, ni las ayudas complementarias para las viudas, ni las que reciben las familias con hijos menores de cinco años, por poner dos ejemplos, son gestionadas por la Administración local, sino por la Generalitat. Tampoco la asignación de plazas de residencia para ancianos o para personas con disminución suele estar en manos de las corporaciones municipales.

Pero todo esto puede cambiar si los responsables del Departamento de Bienestar y Familia deciden hacer caso de las recomendaciones de los expertos que ellos mismos seleccionaron para asesorarles en la redacción de la ley de servicios sociales, que debe ver la luz antes de un año y que representa uno de los proyectos cumbre del equipo dirigido por la consejera Anna Simó. Los siete miembros del comité consideran que los ayuntamientos deben hacerse con estas competencias y que el actual órgano autonómico que las gestiona, el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, debería "abolirse" o al menos "reestructurarse".

El comité de expertos, formado por Antoni Vilà, Júlia Montserrat, Glòria Rubiol, Sebastià Sarasa, Joan Ramon Marsal, Ramon Nicolau y Maria Eugènia Sala, también se adentra en el pantanoso terreno de si los servicios sociales deben avanzar hacia la privatización o hay que apostar por su carácter estrictamente público.

En su dictamen, presentado ayer en el Parlament, los expertos hablan claro: "Debe haber una tendencia hacia la concertación de servicios con la iniciativa privada". Esta recomendación choca frontalmente con las intenciones iniciales de los miembros del Gobierno tripartito, sobre todo de Iniciativa per Catalunya, contraria a dejar más servicios en manos del sector privado.

Las recomendaciones de los expertos serán tomadas en consideración por los redactores de la nueva ley de servicios sociales, pero no serán vinculantes. Así lo recordaron ayer personas próximas a la consejera Anna Simó. Ésta, por su parte, se esmeró en explicar qué se desea conseguir con la ley: "Pretendemos abandonar el modelo asistencialista para adoptar un sistema que garantice los derechos sociales por ley".

El equipo de Anna Simó considera que esta ley es muy necesaria, sobre todo tras más de 10 años durante los que el Gobierno de Convergència i Unió creó ayudas para las familias, las viudas y los nuevos padres sin dotarlas presupuestariamente a largo plazo. Según Simó, también se pretende "universalizar" los servicios sociales como ya ocurre con la sanidad, aunque no oculta que buena parte de sus usuarios seguirán pagando parte de su coste.