Un alto dirigente del PP gastó 1,65 millones de la Zona Franca de Cádiz tras su cese

El ex delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, del PP, autorizó en febrero y marzo de 2001, el mismo día en el que dimitió acuciado por numerosas denuncias de irregularidades y después de cesar en el cargo, tres pagos por parte de Rilco -una de las sociedades del recinto fiscal- por valor de 1.657.652 euros a dos empresas -una con sede en Miami- por trabajos de asesorías y materiales que, según valoran técnicos de Rilco y de la Zona Franca, son "de dudosa utilidad". Este dirigente, vinculado políticamente al ex vicepresidente del Gobierno y presidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, y a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, se mantuvo además como presidente, consejero delegado o consejero de varias empresas de la Zona Franca entre cuatro y diez meses después de su salida del cargo.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico y que obra en poder del Tribunal de Cuentas, Manuel Rodríguez de Castro autorizó tres pagos millonarios de la Red Iberoamericana de Logística y Comercio Exterior (Rilco), propiedad al 100% de la Zona Franca de Cádiz, días después de cesar en el cargo como delegado especial del Estado de este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Rodríguez de Castro presentó su dimisión el 19 de febrero de 2001 en un pleno extraordinario de la Zona Franca, convocado ante las numerosas irregularidades que trascendieron de su gestión. En aquella sesión, Rodríguez de Castro informó que minutos antes le había comunicado su decisión al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El Consejo de Ministros acordó su cese el 23 de febrero a propuesta del titular de Hacienda como recoge el BOE en la orden 3.803 del día siguiente. Sin embargo, Rodríguez de Castro siguió al frente de algunas sociedades de la Zona Franca que dirigía o en las que figuraba en representación del recinto fiscal gaditano. Se mantuvo como presidente, consejero delegado y delegado de Rilco -cargo inherente al de delegado en la Zona Franca- hasta el 7 de junio de 2001. Siguió, por tanto, como máximo responsable de esta entidad casi 4 meses después de dimitir y cuando Miguel Osuna ya le había sustituido al frente del recinto fiscal gaditano el 9 de marzo.

Provisión de trabajos

El mismo día en el que dimitió -19 de febrero- firmó una transacción bancaria de la cuenta de Rilco en una sucursal de la caja de ahorros El Monte de Sevilla y Huelva, en la ciudad de Cádiz, a la cuenta que tiene Miami la sociedad Free Zone Management Services Corporation, en el banco Brickell Branch de Florida. El pago fue de 643.082 euros en concepto de provisión para los trabajos iniciales. Cuatro días después, el 23 de febrero -la misma jornada en la que el Consejo de Ministros dispuso su cese-, autorizó otro pago a la misma sociedad de Miami por importe de 761.785 euros para servicios de proveedores, adquisición de materiales, equipos, licencias, etc.... Sin embargo, el sello de entrada del banco tiene la fecha de 27 de febrero.

El tercer pago lo firmó el 27 de febrero a Telvent Interactiva -filial de Abengoa- por valor de 252.785 euros, aunque, al igual que la anterior operación, el banco fecha el sello de entrada días más tarde: el 7 de marzo. Según consta en la orden de la transferencia fue en concepto de provisión para los trabajos iniciales.

Estos pagos fueron para materiales y asesorías "de dudosa utilidad que aún hoy no prestan un servicio claro y útil", según detallan técnicos de Rilco y de la Zona Franca de Cádiz consultados por este periódico. Estas mismas fuentes explican que estos pagos son parte de unos contratos millonarios que concedió el recinto fiscal gaditano a estas empresas a las que apenas reclamaron documentación. En el caso de la sociedad Miami Free Zone no aparece ni siquiera desglosada en su propuesta de trabajo datos económicos ni el personal que iba a destinar a este negocio. No se incluyen tampoco certificación alguna de la embajada española sobre esta firma ni documentación sobre su solvencia. Esta exigua aportación de datos no fue, sin embargo, impedimento para que la Zona Franca de Cádiz cerrase los acuerdos con esta empresa norteamericana.