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Análisis:ANÁLISIS | NACIONAL

Esperpento y extorsión

Los socialistas, ante el indulto de Vera.

CONDENADO POR la Audiencia Provincial de Madrid en enero de 2002 -la sentencia acaba de ser confirmada por el Supremo- a siete años de prisión como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, Rafael Vera recibió hace tres semanas el gesto de solidaridad del presidente del Gobierno y de los ministros del Interior socialistas que le habían confiado elevadas responsabilidades públicas sobre la Seguridad del Estado entre 1982 y 1994 y que suscriben ahora una petición de indulto total en su beneficio. Tanto esa solicitud de gracia al Gobierno como los movimientos a favor y en contra de su otorgamiento han desatado una tormenta en las filas socialistas.

El ministro de Justicia respondió el pasado lunes en un debate televisivo que el Gobierno "no tiene nin-guna intención" de conceder el indulto "ni pronóstico favorable" al respecto: "Estamos hablando de una malversación y enriquecimiento ilícito en el ejercicio del cargo". Esa rotunda declaración del titular del departamento encargado de tramitar el expediente pudo deberse a un simple calentamiento dialéctico o al propósito de lanzar un globo sonda o una bengala de advertencia. Por lo demás, varios altos cargos del gobierno y del PSOE se han venido pronunciando -aunque de manera más prudente- contra la aceptación de la solicitud: el secretario de organización socialista ha subrayado que "no puede haber privilegio ni trato de favor" en este caso.

Prosigue la campaña para forzar al Gobierno a ejercer el derecho de gracia a favor de un ex secretario de Estado de Seguridad condenado a siete años de cárcel por apropiación indebida de fondos reservados

Sin embargo, otros dirigentes de la vieja guardia del PSOE se han manifestado a favor del indulto. Alfonso Guerra, ha escrito un artículo para demostrar que Vera "está siendo sometido a los efectos de una gran injusticia"; en su opinión, la sociedad democrática estaría obligada a restituir "el daño infligido" y a pagar la deuda contraída con este ejemplar "servidor del Estado" por su lucha "decidida, difícil y valiente" contra el terrorismo: "el Gobierno debería conceder el indulto a Vera" (Tiempo, 8 -XI-2004). El ex vicepresidente del Gobierno y ex vicesecretario del PSOE también ha recuperado la pasión teatral por el esperpento en sus declaraciones a una agencia de prensa: la condena de Vera por el Supremo sería comparable -a contrario- con la absolución de un violador dictada en su día por un juez con la excusa de que la chica llevaba minifalda. El presidente de Extremadura -un guerrista de colmillo retorcido- arremetió de manera chabacana contra López-Aguilar y sus compañeros de Gabinete: "Que se metan el indulto donde les quepa al ministro de Justicia y al Gobierno", esto es, "donde termina la espalda".

La presión ejercida sobre el Gobierno de Zapatero no proviene sólo de los exabruptos de Guerra y Rodríguez Ibarra, sino también del propio Vera, que ha dejado entrever el doble propósito de declararse en huelga de hambre si ingresa en prisión y de revelar en tal caso el destino de los fondos reservados que administró durante 11 años en el Ministerio del Interior. Ambas amenazas son impropias de alguien que se jacta de sus servicios al Estado y a la democracia. Una condena a siete años de prisión, aliviada con permisos carcelarios y acortada mediante la aplicación del tercer grado penitenciario y la libertad condicional, no puede justificar un acto tan desesperado como la huelga de hambre suicida de un recluso; la decisión de jugar con la propia vida suena más bien a medida extorsionista. También las veladas alusiones a la eventual revelación de los destinos de los fondos reservados manejados por el Ministerio del Interior parecen un chantaje. Si las instituciones del Estado no fuesen capaces de resistir las eventuales revelaciones de un alto cargo ministerial sobre el irregular manejo de dinero público opaco desviado desde sus fines propios (la lucha contra el terrorismo, la prevención del delito, la defensa de la seguridad interior y exterior) hacia los enriquecimientos personales, sería mil veces preferible -por escandalosas que resultasen las cifras y por insospechadas que fuesen las identidades de sus perceptores- reconstruir desde los cimientos los muros de carga del sistema constitucional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 14 de noviembre de 2004