El Gobierno anuncia una persecución a las empresas que emplean a 'sin papeles'

La contratación fraudulenta de inmigrantes indocumentados será objeto de una implacable "persecución" por parte de las administraciones. Así lo advirtió ayer el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, quien anunció que habrá "más inspecciones" y que éstas serán "selectivas", de manera que irán especialmente dirigidas a aquellas empresas de las que se sospeche que se "están aprovechando" de los inmigrantes sin papeles.

El delegado del Gobierno en Cataluña se reunió ayer con representantes empresariales, sindicales y de inmigrantes, entre otros colectivos, para abordar la aplicación del nuevo reglamento de extranjería, que permitirá regularizar a inmigrantes que hoy trabajan en la economía sumergida y que logren de su empleador una oferta de trabajo legal por un mínimo de seis meses.

El sindicato CC OO expresó el lunes su temor ante la posibilidad de que muchos inmigrantes indocumentados con empleo no puedan beneficiarse del nuevo reglamento por la negativa de sus patronos a regularizar su situación laboral. El sindicato ha comprobado con "preocupación", a través de encuestas a inmigrantes atendidos en las oficinas de asesoramiento de la organización, que el 39% de los empresarios que emplean a inmigrantes sin papeles responden negativamente cuando éstos les piden un contrato legal.

Rangel se mostró ayer tajante al afirmar que el Gobierno no cerrará los ojos ante este tipo de "prácticas fraudulentas" y agregó que se actuará "con la máxima contundencia para que los [empresarios] aprovechados no se salgan con la suya". El delegado del Gobierno añadió que no sólo se intensificarán las inspecciones, sino que éstas serán "selectivas", de manera que irán expresamente dirigidas a aquellas empresas sospechosas de cometer fraude.

Rangel aseguró que en esta "persecución", para la que se incrementarán los recursos humanos de la Inspección de Trabajo, el Gobierno "tendrá toda la autoridad moral del mundo para actuar". El representante del Gobierno agregó que el objetivo del nuevo proceso excepcional de regularización, que se abrirá posiblemente a finales de enero y se prolongará durante tres meses, es "fijar el mercado laboral normalizado como criterio básico para regular los flujos migratorios" y "combatir la economía sumergida, que es el verdadero efecto llamada de la inmigración irregular".

En la reunión de ayer, Rangel expuso a los representantes de los colectivos implicados en la aplicación del nuevo reglamento los planes del Gobierno para evitar que la próxima apertura de este proceso extraordinario de regularización ocasione colapsos en las oficinas de Extranjería.

Aunque el dispositivo no está todavía concretado, el delegado del Gobierno en Cataluña avanzó ayer que el objetivo es poner en marcha un "trabajo en red" que implique a todas las administraciones, un método similar, aunque "perfeccionado", al que se utilizó el pasado verano para agilizar las tramitaciones de renovaciones de permisos de residencia ante la gran acumulación de expedientes que se había producido en las las oficinas de Extranjería.

Como en aquella ocasión, se pretende utilizar las oficinas de Trabajo de la Generalitat, las de la Seguridad Social y posiblemente las Cámaras de Comercio. El objetivo es que la solicitiud de los permisos de residencia no se convierta "en un calvario para nadie".

El Gobierno analiza también, según explicó Rangel, fórmulas que faciliten a los empresarios la tramitación "cómoda" de las altas de sus trabajadores inmigrantes a la Seguridad Social.