La lista negra

¿Qué efecto tiene en la prevención de las situaciones de riesgo para la vida o la salud de las personas la publicación de listas negras con los nombres de los causantes, ya sea por acción o por negligencia, de esos riesgos? Y las campañas publicitarias de sensibilización social, ¿consiguen reducir las situaciones de riesgo?, ¿incentivan a los responsables a tomar medidas para que no ocurran? La pregunta es relevante tanto para los casos de violencia contra las mujeres, conductores temerarios o empresas con elevados índices de siniestralidad laboral, aspecto éste que constituye una verdadera pandemia social en España y, en particular, en Cataluña.

Coincidiendo con el inicio de la campaña publicitaria contra la siniestralidad laboral, con el lema A la feina, cap risc, el consejero Josep Maria Rañé anunció su intención de incluir en el orden del día de la próxima reunión de las comunidades autónomas con los responsables del ministerio la propuesta de poner en marcha de una lista negra de empresas incumplidoras de la normativa de prevención de riesgos laborales. Si no hay acuerdo, Rañé no descarta poner en marcha esa iniciativa por su cuenta.

Tiene motivos para estar preocupado. Es inaceptable que España sea el segundo país europeo, después de Portugal, con más accidentes laborales, tanto totales como mortales. Y lo peor es que crecen a tasas cercanas al 6% de media anual desde 1994. Y más inaceptable aún es el hecho de que los indicadores de siniestralidad de Cataluña estén muy por encima de la media nacional. Algo hay que hacer.

La lista negra es una vieja demanda de los sindicatos. Y Rañé viene del mundo sindical. No estoy en contra. Yo mismo he escrito en el pasado en estas mismas páginas a favor. No veo por qué motivo tiene que ser socialmente aceptable que una persona honrada pueda ser inscrita en el registro bancario de morosos por el simple hecho de no haber podido hacer frente en un momento determinado al vencimiento de una letra y, sin embargo un empresario que incumple sistemáticamente y de forma muy grave la normativa de prevención de riesgos no pueda ser inscrito en un registro laboral similar. Ésta es una información relevante tanto para los trabajadores como para la sociedad, que al final es la que tiene que correr con los gastos a través de la Seguridad Social.

Pero no podemos caer en la tentación de creer que un problema complejo tiene una solución fácil. Hay que ir a la raíz. Y eso requiere cuatro cosas. Primera, identificar con precisión cuál es el problema. Segunda, conocer las causas. Tercera, proponer medidas factibles y eficaces. Y cuarta, voluntad y capacidad política para ponerlas en marcha. De las tres primeras sabemos más de lo que normalmente creemos. El Informe sobre riesgos laborales y su prevención, publicado a finales de 2001 y realziado por un equipo de expertos dirigido por Federico Durán, catedrático de Derecho del Trabajo y ex presidente del CES, constituye a mi juicio un excelente texto que responde con precisión a las tres primeras cuestiones.

Los más jóvenes soportan el mayor riesgo de accidentes. Las actividades de mayor riesgo se concentran en la construcción y en la industria manufacturera. El mayor número de accidentes no se da en las empresas muy pequeñas o grandes, sino en las pequeñas y medianas. Los peones y especialistas de la industria y la construcción son los que tienen mayor riesgo. Los trabajadores temporales soportan también una incidencia mayor. La falta de experiencia laboral y la rotación excesiva en el puesto de trabajo la favorecen. Respecto de las causas, la responsabilidad se la llevan el crecimiento económico, la temporalidad, la subcontratación y el reducido tamaño de las empresas españolas. Pero hay que ir con cuidado al establecer relaciones causales. Una reducción de la temporalidad no reduciría de forma automática la siniestralidad.

No hay soluciones mágicas. Pero una de las medidas más importantes es la dirigida a forzar a los empresarios a que se tomen en serio la prevención de riesgos en el puesto de trabajo. Pero eso no se consigue sólo con la lista negra, ni con la propuesta que en ocasiones manejan sindicatos y responsables políticos consistente en adaptar las cotizaciones a los índices de siniestralidad de las empresas. Esto es difícilmente aplicable a las pequeñas, que como hemos visto son las principales causantes de riesgo. El camino es más bien un sistema de seguro del tipo bonus-malus. Es más eficaz y más fácil de aplicar. Se trataría de hacer que sean los empresarios, y no la Seguridad Social, los que abonen la prestación económica por incapacidad laboral derivada del accidente de trabajo ocurrido en la empresa durante el periodo inicial de la baja, reduciendo en una cantidad equivalente las cotizaciones que pagan. Esto no supondría mayor coste para las empresas ni para la Seguridad Social. Sin embargo, penalizaría a las empresas con mayor siniestralidad, mientras que las que hacen una prevención eficaz se verían premiadas, dado que tendrían un ahorro de cotizaciones y no soportarían el coste de las bajas, al haber reducido el número de accidentes.

Esto cambiaría radicalmente la perversidad del actual sistema, que funciona como el pago de las consumiciones y las comidas colectivas. El hecho de que uno elija el menú más barato no evita el tener que pagar la parte correspondiente de los que piden los platos más caros. Al final todos pagan más. En cualquier caso, las soluciones son complejas y lentas. Necesitan voluntad y capacidad política para llevarlas adelante. Pero una sociedad decente no se puede permitir el despilfarro económico y la inmoralidad de, siendo uno de los países más desarrollados económicamente, estar en la cola a la hora de prevenir las muertes laborales.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.