Tres meses de trámites hasta la entrada en vigor

El nuevo Reglamento de Extranjería aún debe recorrer varios despachos antes de ver la luz. Los agentes sociales le dieron el visto bueno a finales del mes pasado, tras unas negociaciones que comenzaron tras la vuelta de las vacaciones de verano. El próximo miércoles, en el transcurso de la reunión del Consejo Superior de Política de Inmigración el texto será presentado a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias.

Unos días después lo recibirán los representantes del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes -órgano consultivo del Ejecutivo en el que están representadas las organizaciones sociales, ONG, ministerios y comunidades autónomas, que ya habían hecho sus aportaciones previamente-. Con posterioridad, el Reglamento será analizado por el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado.

Rumí ha ordenado que se informe de que aún no es el momento de pedir la documentación

El Gobierno prevé su aprobación en diciembre, y que entre en vigor a finales de enero o principios de febrero. Es entonces cuando se iniciará el proceso de normalización administrativa, que durará tres meses. De momento, el Ejecutivo trabaja en el diseño de campañas informativas, que se llevarán a cabo a través de convenios con las ONG, los agentes sociales y la Federación Española de Municipios y Provincias.

La Secretaría de Estado de Inmigración ha dado instrucciones a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para que transmitan tranquilidad a los extranjeros y les informen de que aún no es el momento de pedir o entregar documentación. También les ha requerido un estudio de las necesidades tanto técnicas como humanas para la gestión del proceso y de los puntos que se deberían habilitar para recibir las propuestas de contrato de los empresarios, que son quienes deben hacer la solicitud y entregar la documentación.

El Ministerio de Trabajo durante todo el proceso multiplicará los puntos de información y atención a los inmigrantes "para que el proceso sea impecable", no sólo en cuanto a la Administración central, sino que también se contará con la ayuda de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los sindicatos, y la patronal CEOE y las cámaras de comercio.

Desde el Gobierno se recuerda a los inmigrantes que, en cualquier caso, aún no es el momento de entregar la documentación, y que para febrero deberán tener preparado el certificado que acredite el empadronamiento de seis meses, un contrato de medio año de duración -tres en agricultura, y 30 horas semanales para el servicio doméstico si se trabaja para más de un empleador, también con un mínimo de seis meses- y el certificado de antecedentes penales.

Una vez concluido el proceso de normalización, Consuelo Rumí dejó claro hace días que ni los inmigrantes ni los empresarios tendrán ninguna "excusa" y que se aplicará el Reglamento y la inspección de trabajo con "contundencia".

El PP ha añadido otra pega al nuevo Reglamento de Extranjería. Considera que no logrará agilizar los trámites ni en los consulados ni en España. "En los consulados, al exigir dos funcionarios para las gestiones de visado de búsqueda de empleo, la reagrupación familiar, etcétera, se crearán retrasos porque no hay suficiente personal, y en España antes eran el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Inmigración quienes coordinaban los procesos, ahora será el Ministerio de la Presidencia, que además tendrá que consultar cada vez a los otros dos departamentos", afirma Ángeles Muñoz, portavoz de inmigración del PP.

Fuentes del Gobierno califican esta acusación como gratuita porque, aseguran, "si hay una obsesión en temas de inmigración es la agilización de todos los procesos, para evitar que se repita el colapso que provocó el Gobierno del PP".