El PP rechaza el reglamento de inmigración por la regularización y por su "burocracia"

Que al PP no le gusta la política de inmigración que piensa llevar a cabo el Gobierno es una realidad que se constata día a día desde que José Luis Rodríguez Zapatero accedió a la presidencia del Gobierno. Lejos quedan ya los días del consenso que tuvieron como resultado del apoyo del PSOE a la reforma de la Ley de Extranjería en 2003. Pero ahora los populares rechazan el reglamento que la desarrolla: no les gusta la disposición transitoria que regularizaría a unos 800.000 inmigrantes, no aceptan que puedan conseguir papeles a través de una resolución judicial contra el empleador que se beneficia de su trabajo de forma ilegal, y consideran que introduce "más burocracia" en las gestiones de los permisos.

Además, el PP acusa al Ejecutivo de alentar el efecto llamada "por sus constantes contradicciones" y asegura que en Europa no se ven bien las iniciativas del Gobierno en esta materia. Lo ha dicho el presidente del partido, Mariano Rajoy, el portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, y profundizó en sus objeciones este fin de semana la portavoz de inmigración en el Congreso, María Ángeles Muñoz, en una entrevista a EL PAÍS.

Tras una larga negociación con los agentes sociales, el Gobierno presentó la semana pasada a los partidos el Reglamento de la Ley de Extranjería, que contempla en su disposición transitoria un único periodo de tres meses para normalizar a inmigrantes que tengan un contrato de trabajo y residan en España al menos desde hace seis meses. Esta regularización constituye un giro en la política de inmigración de los últimos años y tiene un doble cometido: solucionar la situación de esas personas y que aflore la economía sumergida sostenida con su trabajo ilegal.

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, y la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, cerraron el jueves la ronda de contactos con los portavoces en el Congreso del PP y el PSOE. Como era previsible, la última jornada fue la más complicada. Los populares ya habían mostrado su oposición a la regularización.

El propio Rajoy se encargó de calentar el ambiente el lunes anterior. Calificó la iniciativa de "disparate" y "espectáculo estrafalario" y adelantó que su partido no apoyaría el proceso. Fue aún más allá y pidió una rectificación para acercarse "a la política europea".

Así que cuando el jueves Caldera estrechaba la mano de Zaplana, empezaba la confirmación del desacuerdo. La reunión no hizo más que atestiguar el enfrentamiento del Gobierno y del principal partido de la oposición en el proceso para regularizar a cientos de miles de extranjeros, que ya trabajan de forma ilegal en España.

El PP no está dispuesto a dar su brazo a torcer y se da un plazo hasta el día 20 para "corregir" algunos aspectos. Zaplana no especificó cuáles ni avanzó qué propone para solucionar la situación de esos inmigrantes. Pero adelantó que al margen de la regularización, el Reglamento era "asumible".

La portavoz de Inmigración del PP enarbola el Reglamento que ya estaba preparado cuando su partido perdió las elecciones, "que contemplaba una planificación de las contrataciones en origen a través de convenios internacionales y de contratos a futuro". Muñoz deja claro que no aceptan que "de golpe" se legalice a un número de inmigrantes "que ni el propio Gobierno es capaz de estimar", porque provocará "un bloqueo de las contrataciones en origen en los próximos años", y "además hay que contar con la reagrupación familiar en un año". Algo para lo que, indica, el sistema nacional de empleo no está preparado: "Nuestra capacidad de acogida es la que es y eso sólo llevará a la desestabilización del mercado de trabajo. Estas cosas hay que hacerlas de forma escalonada".

Tanto o más que la propia regularización Muñoz critica las formas. "Esa improvisación del Gobierno, sin dar ningún criterio claro, ir dando cifras de manera aleatoria y todo ello justo cuando había muchísimas personas de paso en nuestro país. No es responsable para lo que es un tema tan importante. Eso es lo que le recriminamos al Gobierno".