Un consenso con matices y sin el primer partido de la oposición

El Gobierno y el PSOE replican al PP que lo que se está haciendo ahora es solucionar un problema heredado de las dos legislaturas de José María Aznar. Y que su objetivo es reforzar la vigilancia para evitar que los inmigrantes sigan llegando de forma irregular. Para ello ya se ha anunciado el refuerzo del control de las fronteras y una brigada especial de expulsiones. Tras la reunión con el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, y la secretaria de Estado, Consuelo Rumí, el pasado jueves, y las declaraciones de Eduardo Zaplana, el portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, destacó que nunca antes se había dado un consenso como el actual en la aprobación de un Reglamento de Extranjería.

"Hemos contado con todos, partidos, sindicatos, ONG..., incluso con el PP, que no ha querido ni hacer una sola aportación", dijo. Y remachó: "Es difícil de entender que el PP se quede una vez más solo, esta vez ya no en la Cámara, sino en toda la sociedad". "Lo más paradójico" es que se critique un proceso "que dista mucho del que adoptó el Gobierno del PP cuando éste llevó a cabo una regularización extraordinaria en la que se exigía poco más que un recibo de la luz". Fuentes socialista inciden en que "en sólo dos años", el Ejecutivo del PP dio papeles "a unos 626.000 extranjeros en procesos extraordinarios".

Invitaciones y aportaciones

Pero el PP advierte de que "el Consejo de Europa desaconseja las regularizaciones masivas y en Francia ya se ha dicho que no están de acuerdo con esta política y que la inmigración y las mafias van a los países con criterios poco firmes. Dentro de poco volveremos a tener la misma bolsa de inmigrantes" irregulares, dice la portavoz popular de Inmigración María Ángeles Muñoz. Un pacto de Estado no se contempla "porque los criterios no coinciden. Ya veremos en el futuro". De momento preparan el documento con sus aportaciones, que será el primero que el principal partido de la oposición envíe al Gobierno, pese "a las reiteradas invitaciones" de la secretaría de Estado.

Sí han expresado ya sus sugerencias a Caldera y a Rumí el resto de partidos. Todos avalan con matices la propuesta del Gobierno. Convergència i Unió y Coalición Canaria reclaman un mayor control de las fronteras. Los primeros califican el proyecto como "un paso adelante desde un punto de vista global", y los segundos valoran la "búsqueda de la integración de la población inmigrante". Esquerra Republicana pide que se fortalezca la inspección de trabajo; el PNV que puedan participar en la regularización los autónomos; IU, que se abran canales estables de regularización y la flexibilización de los requisitos de arraigo social; el Grupo Mixto, que se modifique la ley, "porque es mala y el reglamento no la va a hacer buena".

Todos escucharon un compromiso y una advertencia: que sus propuestas serían estudiadas y que el Gobierno no piensa modificar nada en el ámbito laboral.